Artículo 11 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios

Para que un proyecto sea considerado de asociación público privada, se necesita que el gobierno (la Unidad Contratante) firme un contrato de servicios a largo plazo con una empresa (el Desarrollador), donde se definan los derechos, obligaciones y los pagos por el servicio y la inversión. La empresa debe ayudar al gobierno a dar mejores servicios públicos, cumpliendo con las leyes y planes de desarrollo. Además, la empresa tiene que usar sus propios recursos, los de un tercero (con permiso legal), o bienes del gobierno que le hayan sido prestados legalmente. Cuando sea necesario, el gobierno le dará a la empresa los permisos para usar y explotar los bienes públicos. Finalmente, la empresa es la responsable de poner el dinero y conseguir el financiamiento para llevar a cabo el proyecto.

Texto oficial

Artículo 11. Serán considerados Proyectos de asociación público privada los que cumplan lo siguiente: I. Su realización debe implicar la celebración de un Contrato de prestación de servicios a largo plazo, en el que se establezcan los derechos y obligaciones de la Unidad Contratante y los del Desarrollador que preste los servicios y en su caso ejecute la obra, estableciendo los montos de la contraprestación por servicio y por inversión en infraestructura; II. Mediante la prestación de los servicios el Desarrollador coadyuvará con la Unidad Contratante, a fin de que ésta preste a su vez los servicios públicos que tiene encomendados y pueda dar un mejor cumplimiento a los objetivos institucionales conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables y sus planes de desarrollo; III. El Desarrollador deberá prestar los servicios con activos propios; activos de un tercero, contando con un título legal que le permita hacer uso de los mismos, o bienes federales, estatales o municipales, siempre y cuando el uso de los mismos esté legítimamente otorgado al Desarrollador; IV. Cuando así sea necesario, que la Unidad Contratante otorgue al Desarrollador los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y explotación de los bienes públicos, la prestación de los servicios respectivos, o ambos; y V. El Desarrollador será responsable de la inversión y el financiamiento, que en su caso, sea necesario para el desarrollo del Proyecto.