Artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México

Si alguien es declarado culpable de tortura, tiene que pagar todos los gastos que hayan tenido la víctima o su familia por el delito, como honorarios de abogados, atención médica, psiquiátrica, rehabilitación e incluso gastos funerarios. También está obligado a reparar el daño causado, por ejemplo si la víctima perdió la vida, su salud se alteró, dejó de recibir ingresos, quedó incapacitada para trabajar, perdió bienes, su libertad o su reputación resultó dañada. El juez decide cuánto debe pagarse según la gravedad del daño. Si el responsable no puede pagar, el gobierno del Estado o los municipios tienen que cubrir esos gastos.

Texto oficial

Artículo 10.- El responsable del delito de tortura previsto en esta Ley estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, psiquiátricos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole que hayan erogado la víctima o sus familiares como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a reparar el daño a la víctima o a sus dependientes económicos, en los siguientes casos: I. Pérdida de la Vida; II. Alteración de la salud; Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 25 de febrero de 1994. Última reforma POGG 22 de junio de 2023. LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE MÉXICO 3 III. Pérdida de ingresos económicos; IV. Incapacidad laboral; V. Pérdida o daño en la propiedad; VI. Pérdida de la libertad; y VII. Menoscabo de la reputación. Para fijar los montos correspondientes el juez tomará en cuenta la magnitud del daño causado. Para los efectos de la reparación del daño se estará a lo previsto en el Código Penal de la Entidad. El Estado y los municipios estarán obligados subsidiariamente a la reparación de los daños y perjuicios, en los términos del Código Civil del Estado de México.