Artículo 195 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

El artículo 195 dice quiénes pueden participar en un juicio laboral. Pueden ser parte los servidores públicos, las oficinas del gobierno, los sindicatos registrados ante el Tribunal, y cualquier persona que demuestre tener un interés legal en el caso y que presente demandas o defensas. También pueden entrar terceros interesados, pero deben probar que el asunto les afecta directamente, o si el Tribunal o la Sala los llama; tienen que presentar su postura por escrito antes de la audiencia donde se organizan las pruebas, porque si no lo hacen a tiempo, pierden el derecho de opinar después y tendrán que aceptar lo que decida el laudo. Los jóvenes servidores públicos de 16 y 17 años pueden ir al juicio por su cuenta, pero si no tienen un abogado que los aconseje, el Tribunal le pedirá ayuda a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Esta misma regla aplica si los familiares de un trabajador fallecido (que quieren recibir algún beneficio) inician el proceso.

Texto oficial

ARTÍCULO 195.- Son partes en el proceso, los servidores públicos, las instituciones públicas o las dependencias, los sindicatos reconocidos ante el Tribunal y, en general, quien acredite tener interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones y opongan excepciones. Los terceros interesados podrán intervenir en el proceso comprobando su interés jurídico en el mismo o cuando sean llamados por el Tribunal o la Sala, quienes deberán manifestar lo que a su derecho convenga por escrito en el juicio, hasta antes de la celebración de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, apercibiéndolos que para el caso de no hacerlo antes de la etapa referida, se tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad y se estará a lo resuelto en el laudo. Los servidores públicos, mayores de 16 y menores de 18 años, tienen capacidad por sí mismos para comparecer a juicio; pero, en caso de no estar asesorados, el Tribunal o las Salas solicitarán la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también tratándose del procedimiento promovido por los aspirantes a beneficiarios de algún trabajador fallecido.