Artículo 211 de la LEY de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 211 dice que el juez o jueza tiene la obligación de hacer que se cumpla una sentencia de amparo, aunque para eso tenga que dar órdenes o usar medidas como multas o hasta pedir ayuda de la policía. Si alguien se niega a obedecer, el juez puede mandar a su secretario o actuario para que ejecute la orden, o incluso ir él mismo al lugar si es necesario, aunque eso signifique salir de su zona normal de trabajo, siempre avisando a las autoridades judiciales. La única excepción es cuando solo la autoridad que cometió el abuso puede cumplir la sentencia, por ejemplo, si tiene que emitir una nueva resolución. Pero si se trata de liberar a una persona y la autoridad se niega o tarda en hacerlo, el juez debe ordenar su libertad de inmediato, y los encargados de la prisión están obligados a cumplir esa orden sin excusas.

Texto oficial

Artículo 211. Lo dispuesto en este título debe entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga cumplir la sentencia de que se trate dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. Si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o secretaria o actuario o actuaria para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez o jueza de distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla. Para los efectos de esta disposición, el juez o jueza o persona servidora pública designada podrá salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al Órgano de Administración Judicial. En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo. Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la libertad personal, la que debiera restituirse a la persona quejosa por virtud de la sentencia y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Las o los encargados de las prisiones, darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta disposición. Artículo reformado DOF 13-03-2025