Artículo 25 de la LEY Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Cuando alguien denuncia a un servidor público (como un presidente o diputado) por un delito, la Cámara de Diputados investiga si hay pruebas suficientes para quitarle el fuero y llevarlo a juicio. Un grupo especial llamado Sección Instructora revisa el caso en un plazo de 60 días hábiles (días laborales) para decidir si el acusado debe ser juzgado penalmente. Si la acusación parece obviamente sin fundamento, el grupo puede decirle a la Cámara que la tire, pero después se podría retomar si aparecen nuevas pruebas.

Texto oficial

ARTÍCULO 25.- Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. Fe de erratas al párrafo DOF 10-03-1983 Si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara, para que ésta resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, la Sección deberá rendir su dictamen en un plazo de sesenta días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político.