Artículo 85 de la LEY General de Contabilidad Gubernamental
Explicado en lenguaje simple
En palabras simples
Este artículo dice que los servidores públicos (personas que trabajan en el gobierno) pueden ser castigados si cometen ciertas faltas relacionadas con el dinero y los registros financieros. Por ejemplo, si se les olvida anotar los gastos o ingresos en sus libros de cuentas, si alteran documentos a propósito para que la información financiera no sea verdadera, o si no hacen públicos esos datos cuando deben. También los pueden sancionar si saben que alguien más está falseando papeles y, pudiendo evitarlo o reportarlo a su jefe, no lo hacen, o si no guardan los comprobantes de los ingresos y gastos del gobierno. Estas faltas se castigan aparte de cualquier otra responsabilidad legal, como multas, cárcel o problemas políticos. Las peores faltas son cuando lo hacen a propósito (de forma "dolosa") o cuando saben del fraude y no lo reportan, y si alguien reincide en otras faltas también se considera grave.
Texto oficial
Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley; II. Cuando de manera dolosa: a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera, o b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley; III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz; IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos. Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones II y IV del presente artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en las demás fracciones. Artículo reformado y recorrido (antes artículo 57) DOF 12-11-2012
Esta explicación es informativa y no constituye asesoría legal. Consulta siempre el texto oficial y, si lo necesitas, a un profesional.