Artículo 78 de la LEY General de Responsabilidades Administrativas

Cuando un servidor público comete una falta administrativa grave, el Tribunal lo puede castigar con sanciones como suspenderlo de su trabajo (de 30 a 90 días), o hasta correrlo definitivamente. También le pueden poner una multa económica, o prohibirle que trabaje en el gobierno y que participe en contratos de obras o servicios públicos por un tiempo. Dependiendo de qué tan grave sea la falta y si hubo dinero de por medio, esa prohibición puede durar desde 1 hasta 20 años, o solo unos meses si no hubo daños ni ganancias.

Texto oficial

Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en: I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; II. Destitución del empleo, cargo o comisión; III. Sanción económica, y IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales. En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.