Artículo 212 de la LEY Nacional de Extinción de Dominio

Cuando un juez decide, con una sentencia que ya no se puede apelar, que una propiedad se queda para siempre a favor del Estado, él mismo ordena que se ejecute esa decisión y que los bienes pasen a manos del gobierno, según lo que marcan las leyes. Los bienes que se declaren extinguidos, o el dinero que se obtenga al venderlos, se entregarán al gobierno federal o al del estado que corresponda, y una autoridad especial se encargará de darles su destino final. Las acciones o partes de empresas que formen parte de esos bienes no cuentan para que la empresa sea considerada del gobierno. Todos los pagos o impuestos que se generen por cumplir con esta declaración de extinción de dominio estarán libres de pagar impuestos, derechos o aportaciones que normalmente exige la ley fiscal.

Texto oficial

Artículo 212. Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva la extinción del bien, el Juez ordenará su ejecución y la aplicación de los Bienes a favor del Estado, en los términos de lo dispuesto en esta Ley y en la legislación que resulte aplicable. Los Bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la enajenación de los mismos, serán adjudicados al Gobierno Federal o a aquél de la entidad federativa de que se trate y puestos a disposición para su destino final a través de la Autoridad Administradora. Las acciones, partes sociales o cualquier título que represente una parte alícuota del capital social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate, no computarán para considerar a las emisoras como entidades paraestatales. Todos los pagos administrativos o contribuciones que generen la ejecución de la declaratoria de extinción de dominio, estarán exentos del pago de impuestos, derechos y aportaciones de mejoras establecidas en la normatividad fiscal aplicable.