Artículo 256 de la LEY Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

El gobierno federal, estatal y municipal, cada quien en lo que le toca, debe crear programas para evitar que los jóvenes cometan delitos o sean víctimas de violencia. Estos programas tienen que incluir: dar oportunidades, sobre todo de estudio, a quienes estén en riesgo; aplicar medidas que reduzcan las razones y situaciones que llevan a delinquir; proteger el bienestar y desarrollo de los adolescentes; dejar de etiquetar o criminalizar a los jóvenes por prejuicios o estereotipos; y permitir que los propios adolescentes participen en cómo se diseñan estas políticas.

Texto oficial

Artículo 256. De las políticas públicas Los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, implementarán políticas y medidas para la prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes que deberán incluir, como mínimo: I. La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas necesidades de adolescentes de quienes estén en peligro latente o situación de riesgo social, que ameriten cuidado y protección especiales; II. Los criterios especializados, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de conductas tipificadas como delitos o las condiciones que las propicien; III. La protección de su bienestar, sano desarrollo, vida digna y proyecto de vida; IV. La erradicación de los procesos de criminalización y etiquetamiento de las personas adolescentes, derivados de estereotipos, prejuicios, calificativos o cualquier otra connotación discriminatoria o peyorativa, y LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 20-12-2022 77 de 84 V. La participación de las personas adolescentes en el diseño de las políticas públicas.