Artículo 14 del REGLAMENTO de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Este artículo dice que los trabajadores de la Procuraduría pueden pedir ayuda de la policía o la fuerza pública cuando alguien se niegue a cumplir con una orden, o cuando hacer el trámite sea peligroso para su integridad física. Si una persona no quiere cooperar o se opone a la diligencia (como una inspección o notificación), el servidor público debe levantar un acta con dos testigos que firmen, dejando constancia de esa negativa. Si la persona se niega a proponer testigos, el servidor público los elige, y aunque la persona no firme el acta, sigue siendo válida. Esa constancia sirve como prueba para pedir oficialmente el apoyo de la policía local o federal, mediante un oficio, para que la Procuraduría pueda ejecutar su orden.

Texto oficial

Artículo 14.- El auxilio de la fuerza pública previsto en la fracción II del artículo 25 de la Ley, se solicitará para llevar a cabo la ejecución del acto administrativo ordenado por la Procuraduría, cuando: I. Existan acciones u omisiones que impidan llevar a cabo los actos ordenados por la Procuraduría, o II. Por la naturaleza de los actos ordenados por la Procuraduría, la ejecución de los mismos implique riesgos para la integridad física o seguridad personal de los servidores públicos encargados de realizar dicha ejecución o de cualquiera otra persona que intervenga en la diligencia correspondiente, a juicio de la autoridad emisora del acto. Cuando se hubiere ordenado la práctica de alguna diligencia, el servidor público autorizado para practicarla, levantará, en su caso, constancia de la renuencia u oposición por parte de la persona con quien se haya pretendido entender dicha diligencia ante dos testigos, que deberán firmarla, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; la constancia servirá como base documental que fundamente la solicitud del auxilio de la fuerza pública. Los testigos serán propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos, en caso de negarse a firmar no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el servidor público haga constar tal circunstancia en la propia constancia. En tales casos, deberá girarse oficio a la autoridad de seguridad pública local o federal competente, con el objeto de que proporcione las facilidades necesarias para que la Procuraduría ejecute el acto administrativo correspondiente.