Artículo 31 del REGLAMENTO de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Cuando alguien comete un delito de trata de personas, el Ministerio Público Federal (que es la autoridad que investiga los delitos) está obligado a pedirle al juez que el responsable pague por el daño que causó. Para eso, debe tomar en cuenta las pruebas que la víctima entregó y los estudios que pidió a especialistas para demostrar el daño físico, emocional, económico y social que sufrió la persona afectada. Si la víctima necesita consultas con médicos especialistas que no están cubiertos por el seguro de salud del gobierno, la institución que atiende a las víctimas puede hacer acuerdos con esos hospitales o doctores. Así, los gastos médicos que el delincuente no haya pagado pueden ser cubiertos con un Fondo especial.

Texto oficial

Artículo 31. El Ministerio Público Federal estará obligado a solicitar al juez competente la reparación del daño causado por los delitos en materia de trata de personas, de acuerdo a los datos y pruebas que la víctima u ofendido aportaron, así como a los dictámenes que haya solicitado a las instituciones correspondientes, que acrediten las afectaciones físicas, emocionales, económicas, patrimoniales y en los diversos entornos, a nivel personal, familiar y social de la víctima u ofendido, que documenten el monto de dicha reparación, tomando en consideración un Enfoque Diferencial y Especializado. Cuando sean requeridas especialidades médicas no contempladas en los esquemas de gratuidad de cada prestador de servicios de salud federal o estatal, la instancia competente de atención a víctimas REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Nuevo Reglamento DOF 23-09-2013 9 de 22 podrá celebrar convenios de colaboración con dichos prestadores de servicios, a efecto de que los gastos de atención médica sean subrogados por el Fondo cuando no hayan sido totalmente cubiertos por el sentenciado.