EXTRADICIÓN. EL COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA DECISIÓN QUE LA CONCEDE, ES EL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE EL RECLAMADO SE ENCUENTRE DETENIDO.

El artículo 36 de la Ley de Amparo dispone que cuando el acto reclamado requiera ejecución material, será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde deba ejecutarse, y si ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, lo será cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; esta segunda hipótesis también rige cuando la ejecución sólo es inminente puesto que la distinción de ambas reglas no es la ejecución en sí -pues en ambas se parte de que el acto la requiere-, sino que ésta ocurra o deba ocurrir en una o en varias circunscripciones judiciales. En cualquiera de tales hipótesis es el conocimiento del lugar o lugares de ejecución el que permitirá definir la competencia territorial; que sólo sea inminente la ejecución no significa que sea irrelevante saber en dónde ocurrirá, pues ello implicaría al mismo tiempo la irrelevancia del territorio como parámetro competencial. En esta tesitura, cuando el acto reclamado es la orden de extradición que aún no ha comenzado a ejecutarse y que, por su propia regulación, puede ocurrir en uno o en varios lugares, la competencia le corresponde al Juez de Distrito del lugar en el que el extraditable se encuentre recluido, por dos razones fundamentales: 1) porque sólo se tiene certeza de que ahí comenzará su ejecución y no de los otros posibles lugares en donde se desenvolverán los restantes actos que la complementen; y 2) porque al ser la decisión terminal del procedimiento de extradición, sus efectos principales no son en ese procedimiento sino en la persona del extraditable. En efecto, la orden de extradición es un acto que tiene ejecución material y que, en términos del artículo 34 de la Ley de Extradición Internacional , consiste en la entrega física del sujeto requerido al gobierno extranjero solicitante, lo que implica que se extraerá al individuo del lugar donde esté recluido y será trasladado al puerto fronterizo o lugar de donde despegará la aeronave en que deba viajar para, finalmente, concretar la entrega material; de modo que puede ocurrir que en el mismo lugar de reclusión sea entregado (por ser puerto fronterizo o contar con aeropuerto internacional), pero también puede ocurrir que uno sea el lugar de reclusión y otro el de entrega (porque en el lugar de reclusión no haya puerto fronterizo o aeropuerto internacional o habiendo uno u otro, por razones de seguridad o de logística, sea trasladado a otro lugar). De manera que si sólo se tiene conocimiento del lugar de reclusión del extraditable y no de aquel en donde se desenvolverán esos restantes actos de ejecución, no puede sostenerse la concurrencia de competencias para conocer del amparo en contra de ese acto entre el Juez de Distrito del lugar de reclusión y cualquier otro -probable e indeterminado-, por lo que la competencia recaerá en el Juez federal que ejerza jurisdicción en el lugar de reclusión. Y desde la perspectiva de los efectos de la orden en el procedimiento de extradición, también la competencia debe fijarse por el lugar de reclusión porque es la decisión terminal y, por ende, sus efectos no son de índole procesal, sino personal, es decir, no dan pie a ningún otro procedimiento que no sea, precisamente, el concerniente a la entrega física de la persona, por lo que no es aplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: " COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO ." (con datos de publicación: página 2183, Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta), puesto que ahí el Máximo Tribunal partió de la base de que el auto de formal prisión tiene ejecución material tanto en el lugar del proceso como en el de reclusión del procesado -en la hipótesis de que el inculpado está recluido en un lugar diferente al de la causa-, y que debía privilegiarse la competencia en el del proceso por ser en éste donde el auto de formal prisión tiene su principal impacto; pero en el caso de la orden de extradición ya no hay proceso que privilegiar, sino sólo atender a la ejecución material que tiene sobre la persona del extraditable. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.