PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CORRESPONDE CONFIGURARLO AL LEGISLADOR ORDINARIO, ATENDIENDO A FACTORES OBJETIVOS Y SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE PRONTITUD, INTEGRALIDAD Y COMPLETITUD, CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

La concreta observancia de la garantía de defensa y del derecho de impugnación a través del empleo de los recursos o medios de defensa, puede ser configurada sobre las bases descritas en el artículo 17 de la Constitución Federal por el legislador ordinario, al autorizársele que fije los plazos y términos para su goce. El recurso es una especie de los medios de impugnación enderezados a que se corrija un error en la aplicación del derecho o la valoración de los hechos realizada por la autoridad judicial. La característica medular del recurso, como excepción al principio general de inmutabilidad de la decisión judicial, es que se optimice la función judicial eliminando la posibilidad del error de hecho o derecho y que esto pueda hacerse a través de diversos medios, como la revisión horizontal o retentiva, en que la propia autoridad judicial que emitió la resolución pueda revisarla, con el objeto de modificarla, anularla o revocarla, o la revisión vertical, en que un tribunal de segunda instancia, ya sea unitario o colegiado, asumirá la jurisdicción para realizar el análisis correspondiente sobre la corrección de la determinación impugnada. El derecho de los particulares al recurso o las características del mismo no es absoluto e ilimitado, sino que está sujeto a un parámetro de racionalidad; en la Constitución no hay un parámetro específico para determinar la constitucionalidad de la ley del proceso, sino solamente que la justicia sea pronta, completa e imparcial y son éstas las bases que sirven para confrontar la ley ordinaria con el texto constitucional, por lo que el derecho de defensa del particular, debe ser acorde con una sentencia pronta y completa. Las características del recurso constituyen aspectos de libre configuración al legislador, sujetos a que sean acordes con los principios de justicia pronta, expedita e imparcial. De ese modo, la necesidad de que una resolución sea revocable ante la autoridad que emitió la determinación impugnada o apelable ante el tribunal de segunda instancia, sólo debe atender a criterios de razonabilidad que permitan que la solución de las controversias imponga reglas comunes al mismo procedimiento y a todos los sujetos, que por la naturaleza de la cuestión a resolver sea adecuado que la decisión la adopte el mismo Juez que emitió el acto recurrido o un superior jerárquico, atendiendo a la complejidad del tema o su incidencia transitoria o definitiva en el proceso; a que se dicte en un plazo prudente que no frustre el interés de las partes a que se emita una sentencia vinculatoria y definitiva sobre el tema del litigio, y que existan bases objetivas que impidan que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Así, es racional fijar un límite a las dos instancias en función de la cuantía del negocio, de modo que a menor cuantía mayor celeridad y concentración del proceso para obtener una sentencia pronta y completa. La cuantía es un factor racional y objetivo para determinar si un asunto debe resolverse en una o dos instancias. Cuando se parte del supuesto de que la determinación impugnada no es la resolución definitiva sino una intermedia, interlocutoria o de trámite, resulta razonable que sea la propia autoridad judicial que la emitió quien lo resuelva en un recurso horizontal y retentivo, en atención a que el tiempo para hacerlo será menor porque conoce de las constancias de autos y la cuestión procedimental de que se trata no implica una decisión determinante de la jurisdicción del juzgador o un obstáculo para que el procedimiento continúe; de estimar lo contrario, es decir, que fuera necesario que el recurso sea vertical y conozca del mismo una autoridad jerárquica superior, implicará la realización de trámites adicionales, como la remisión de los autos, la admisión del recurso y la observancia de la garantía de defensa de la parte que no recurrió, como paso previo a la emisión de la decisión, que exigirá el reconocimiento de los hechos y derecho debatidos, tomando en consecuencia mayor tiempo y uso de los recursos humanos y materiales de la autoridad judicial, que podrían verse acortados si del recurso conociera la autoridad recurrida. Igual situación ocurrirá ante la sentencia que decide el fondo de la instancia, en que la oportunidad del recurso puede resultar, en principio, razonable, porque ya se ha agotado la jurisdicción del Juez al fijarse el derecho aplicable a la controversia y estar resueltas las cuestiones debatidas, de modo que corresponda a la autoridad superior conocer del recurso interpuesto y resolverlo. Sin embargo, el legislador puede establecer con base en los principios organizativos de la garantía de acceso a la tutela judicial efectiva, como lo son el de prontitud, que una determinación judicial no sea recurrible por diversas razones, que atañen a la cuantía o a la materia, que impliquen y produzcan, inclusive, mayores beneficios para las partes que los que pretenden alcanzarse de ser acogido el recurso; o bien que por la naturaleza propia del recurso, del tiempo empleado y los recursos humanos y materiales que se ocupan no resulte idónea su utilización y, en todo caso, el examen de la legalidad de la resolución o de su constitucionalidad, quede destinada al examen que de ella se haga a través de los medios extraordinarios, como el juicio de amparo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.