REGISTRO NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA CELULAR (RENAUT). ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2009 Y DE LA REGLA 4.3.2. DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE EL PLENO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LAS REGLAS DE AQUÉL, POR NO GENERAR AFECTACIONES DE DIFÍCIL REPARACIÓN A LAS CONCESIONARIAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL.

De las citadas normas deriva una serie de obligaciones a cargo de los usuarios y de las concesionarias del servicio de telefonía móvil, entre otras, de los primeros, registrar las líneas que tengan contratadas en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), mientras que, de las segundas, realizar campañas de información al respecto y, en su caso, cancelar o suspender las líneas que no hayan sido identificadas o registradas; sin embargo, éstas no generan afectaciones de difícil reparación a las concesionarias del servicio de telefonía móvil, precisamente porque no se cancela o restringe la posibilidad de que sigan prestando el servicio a las líneas previamente contratadas que sí hayan acatado el registro o a las de nueva contratación, sin que sea óbice para considerar lo anterior la posible afectación económica que aduzcan que pueden sufrir, pues el servicio se presta en las modalidades de pospago y prepago; tratándose de la primera, la propia norma hace referencia al pago de una renta periódica y por el consumo adicional realizado, derivado de la existencia de contratos celebrados previamente por los usuarios, y al respecto la indicada regla es enfática en señalar que la suspensión del servicio no implica la insubsistencia de tal relación contractual, de lo que se infiere que la afectación relativa a la cancelación o suspensión de la línea no deriva de las disposiciones reclamadas, sino del incumplimiento de una de las partes a una obligación legal, por lo que, en todo caso, de resentir alguna afectación, la empresa se encuentra en aptitud de hacer efectivas las garantías que, de existir, hubiera requerido para contratar el servicio o, en su caso, de reclamar por las vías legales los daños y perjuicios que sufra con motivo de tal incumplimiento; por cuanto se refiere a la segunda modalidad, su naturaleza implica que los usuarios ya han adquirido previamente al uso del servicio, los montos correspondientes, por lo cual las empresas no pueden sufrir afectación alguna, precisamente porque la adquisición del saldo dependerá de los hábitos de comunicación de los usuarios y no del cumplimiento de la norma. Así, es improcedente otorgar la suspensión provisional contra la aplicación de los preceptos descritos, al no surtirse la hipótesis de la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo . SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.