PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA IMPONER SANCIONES LABORALES A LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. PARA INICIARLO DEBE ACREDITARSE EL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA.

El artículo 9-A de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios autoriza al titular de la dependencia o entidad a delegar al funcionario encargado del jurídico o a quien haga sus veces, mediante acuerdo, la facultad de iniciar el procedimiento administrativo para imponer una sanción de naturaleza laboral a un servidor público. Por su parte, el artículo 17, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de dicha entidad federativa establece: "Al frente de la Dirección General Jurídica habrá un titular, quien tendrá las siguientes funciones: ... VI. Sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos del régimen aplicable de responsabilidades de los servicios (sic) públicos e imponer, por acuerdo del secretario, las sanciones administrativas que correspondan.". Ahora bien, del análisis de ambos preceptos se advierte que no existe un conflicto de leyes entre ellos, toda vez que el mencionado numeral 17 faculta a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco para sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, únicamente en tratándose de la imposición de sanciones administrativas en aplicación de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco o cualquier otra norma que la regule; pero no respecto de sanciones en procedimientos de naturaleza laboral, en los cuales dicho precepto resulta inaplicable, por no estar en presencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa, y cuyo inicio requiera del acreditamiento del acuerdo delegatorio del titular de la dependencia en términos del artículo primeramente citado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.