POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE DIO DE BAJA A ALGUNO DE SUS MIEMBROS, CON FUNDAMENTO EN EL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA EL EFECTO DE QUE LE SEA PAGADA UNA INDEMNIZACIÓN, SIN INCLUIR SU REINSTALACIÓN, NO IMPLICA APLICACIÓN RETROACTIVA DE DICHO PRECEPTO, AUN CUANDO LA DEMANDA RESPECTIVA SE HAYA PRESENTADO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA INDICADA PORCIÓN NORMATIVA.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2009, se adicionó un párrafo sexto al artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo , para establecer categóricamente la prohibición de reinstalar a los miembros removidos de su cargo en las instituciones policiales de la Federación. Ahora bien, con el objeto de examinar lo relativo a la aplicación retroactiva de un precepto jurídico, se requiere precisar si el acto se realiza dentro de la vigencia temporal de validez de la norma, sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 87/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 415, de rubro: " RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA .", para lo cual debe señalarse que los derechos adquiridos son aquellas ventajas o bienes jurídicos o materiales de los cuales es poseedor su titular y que forman parte de su patrimonio, los que no pueden ser desconocidos por la ley, mientras que la expectativa de derecho es la posibilidad jurídica de obtener esa ventaja o bien, e incorporarlo al patrimonio de una persona, es decir, es inexistente el título con apoyo en el cual puede exigirse el cumplimiento y ejercicio del derecho de que se trate. Conforme a lo anterior, es factible inferir que al momento de la presentación de la demanda de anulación contra la resolución administrativa mediante la cual se dio de baja a un miembro de la Policía Federal Preventiva, no se tiene un derecho adquirido en cuanto a la reinstalación en el puesto del cual fue destituido, sino una simple expectativa de derecho, por depender esa situación de la decisión jurisdiccional que en su momento se emita para resolver la controversia propuesta en el juicio contencioso administrativo federal; sentencia que, desde luego, se rige por la normatividad aplicable al día en que es dictada. Por tanto, la nulidad de la resolución mencionada, declarada con fundamento en el párrafo sexto del indicado artículo 50 para el efecto de que se pague al elemento de seguridad pública una indemnización, sin incluir su reinstalación, no implica aplicación retroactiva de dicho precepto, aun cuando la demanda respectiva se haya presentado antes de la entrada en vigor de la indicada porción normativa. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.