DAÑOS Y PERJUICIOS CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SUPUESTOS PARA FIJAR LA GARANTÍA.

Conforme al sentido literal del artículo 125 de la Ley de Amparo , cuando sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía suficiente para responder por los que con esa medida cautelar se ocasionaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo; y se determina que cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, el juzgador de amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía respectiva. También se establece la posibilidad de que cuando no se afecten esos derechos, no se fije esa garantía, al indicarse en ese enunciado la procedencia de aquélla cuando la suspensión "pueda ocasionar daños o perjuicios ..." y proporciona la cobertura legal para que el juzgador examine en cada caso cuándo se surte esa hipótesis. Así, cuando se trata de la materia judicial civil el juzgador está obligado a determinar en qué estadio procesal se encuentra el juicio del que emanan el acto reclamado cuya suspensión se decide, pues si se trata de aquellos en que se ejecuta una sentencia que es cosa juzgada, los daños y perjuicios que puedan ocasionarse con la suspensión del acto reclamado deben determinarse sobre la base de la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la cantidad que debe ingresar al patrimonio del ejecutante vencedor. En cambio, cuando la suspensión de los actos reclamados surge respecto de una providencia dictada en el procedimiento judicial que no ha sido resuelto en definitiva debe ponderarse que no existe un derecho declarado judicialmente de modo firme sino que ese es el resultado del procedimiento mismo y es necesario tomar en cuenta que el proceso judicial civil entraña, por regla general, la existencia de partes con pretensiones opuestas y el alcance de las prestaciones concretas que se reclaman se definen en función del carácter de actor, demandado o tercero que intervenga en el mismo. Así las cosas, el monto de la garantía debe determinarse con base en los datos que arroja cada caso como resulta de determinar la cuantía del negocio y si existe condena en cantidad líquida o los ingresos que dejan de percibirse por quien tiene derecho a ello con motivo de la concesión de la suspensión. De ese modo, la pretensión de condena que promueve el actor frente al demandado no resuelta en sentencia ejecutoria no puede servir de parámetro para determinar el quántum de la garantía cuando este último, al promover el juicio de amparo en contra de una determinación dictada en el proceso solicita la suspensión del acto reclamado, porque aunque constituye un indicio del monto de la posible procedencia de la condena que se dicte en el juicio, también existe la posibilidad procesal de que el reo resulte absuelto de lo que se le reclama. Cuando es el actor quien ocurre al juicio de amparo indirecto, debe ponderarse que resulta la parte procesal que pretende obtener una condena en ese juicio y que su posición en el proceso implica que el monto de lo reclamado no sirva de parámetro objetivo para determinar la garantía respectiva; es así, ya que aunque el juicio de amparo se retardara en su resolución, los daños y perjuicios que se originen al tercero perjudicado no podrían provenir de la determinación del monto de lo reclamado, pues la finalidad del proceso civil en relación con el reo no es la obtención de una condena a su favor sino a su cargo o en otro caso, lo que puede pretenderse es la absolución de lo reclamado, salvo que exista una determinación judicial que le beneficie y que implica, por ejemplo, la entrada a su peculio de una determinada cantidad de dinero proveniente de la sanción pecuniaria que se impone al perito tercero en discordia por no rendir su dictamen en la audiencia de pruebas a que se refiere el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal o la prevista en el diverso 357 del mismo ordenamiento cuando se retarda el procedimiento con motivo del desahogo de la prueba testimonial. Entonces, resulta que en ciertos casos el monto de las prestaciones reclamadas en el juicio no puede ser el dato determinante del monto de la garantía necesaria para gozar de la suspensión cuya base resulta por regla general de una sentencia que es cosa juzgada, de la declaración de un derecho provisional o del carácter preconstituido de una prueba que permite determinar el monto de los daños y perjuicios que pueden llegar a causarse, sino que debe provenir de la naturaleza de la violación alegada y de la incidencia del otorgamiento de la medida cautelar sobre los derechos patrimoniales de la contraria, lo cual, atendiendo a que se trata de la transgresión a derechos sustantivos o procesales que afectan el ejercicio pleno de aquéllos, implica que el juzgador al pronunciarse sobre la garantía tome en cuenta tal aspecto y la parte procesal a quien afectaría la ejecución del acto reclamado así como la posición de la otra parte que está interesada en la ejecución del mismo. Los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil Federal , contienen conceptos indispensables para establecer en el caso de la concesión de las medidas cautelares en el juicio de amparo, si existe una relación de causalidad entre la concesión de la suspensión y los daños y perjuicios que podrían causarse al tercero perjudicado con esa determinación o existen datos que den certeza o un grado mayor de probabilidad de que se producirán, pues de ser así deberá fijar la garantía respectiva y, en caso contrario deberá otorgar la suspensión del acto sin ella; por ende, no puede sostenerse como regla general una relación lógica y necesaria entre el otorgamiento de la medida cautelar y los daños y perjuicios que puedan causarse al tercero perjudicado con esa determinación, sino que hay hipótesis en que concedida esa medida no trascienda al ámbito patrimonial del tercero perjudicado, como resulta de aquellos casos en que dentro del juicio se afectan derechos sustantivos o existen violaciones procesales de grado predominante o superior que por sí mismas no se traducen en un daño o perjuicio al derecho patrimonial del tercero perjudicado y atañen a cuestiones intraprocesales que resultan en una dilación del procedimiento y su resolución respectiva, como el que se refiere al examen de la contabilidad de la parte actora, pues no debe perderse de vista que si es la parte demandada quien la ofrece, a fin de acreditar un hecho impeditivo de la acción, de no prosperar el amparo promovido por su contraria, la prueba se desahogará y estará en condiciones de cumplir y ejercer su facultad de libertad probatoria que se reflejará en la absolución de lo reclamado o en su caso en el pago del monto de la condena resultante. En cambio, si el juicio de amparo prospera, la prueba no se desahogará como se propuso y con ello se logrará el justo equilibrio entre el interés de la parte que ofreció la prueba y que solicita se reciba en el proceso y el que proviene de la parte actora de que ese acto procesal no se lleve a cabo sino hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de ese acto. Así las cosas, se demuestra que la suspensión del acto reclamado cuando se refiere a la recepción de una prueba a cargo del actor en el proceso civil que involucra la afectación de derechos sustantivos no puede reportar un daño o perjuicio concreto al demandado tercero perjudicado, pues éste no pretende en el juicio la obtención de una condena sino la absolución de lo que se le reclama o una condena de pago menor a la exigida, lo cual implica que con la concesión de la suspensión sólo para que no se dicte sentencia no produce una afectación a su patrimonio sino al principio de celeridad procesal que, por sí mismo, no genera un daño o perjuicio concreto, incluso en aquellos casos en que resulte absuelta de las prestaciones planteadas y con la declaración de una condena en costas a su favor, pues ese derecho del cobro de costas no atañe a una cuestión sustantiva o principal sino que se genera con motivo del proceso mismo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.