NOTIFICACIONES EN AMPARO. DEBEN PRACTICARSE POR LISTA EN CASO DE QUE NADIE ACUDA AL LLAMADO DEL ACTUARIO EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL O PROCESAL.

Es obligación del quejoso, del tercero perjudicado y de la persona extraña al juicio, señalar domicilio para oír notificaciones en el lugar de residencia del órgano de control constitucional, el cual es distinto a otros que pueden tener las partes, aunque sea susceptible de coincidir con ellos, pues el domicilio es el lugar que la ley considera como sede jurídica de la persona, y se manifiesta en distintas clases (real, legal, etcétera), entre las que se encuentra el domicilio electivo o convencional, que es ficticio, creado por la declaración de voluntad, y desempeña el mismo papel que el domicilio real en la esfera para la que se le ha designado. Por ello, se utiliza lo mismo para determinar el lugar donde debe cumplirse una obligación, que para someter a los tribunales de ese sitio un litigio entre las partes, o bien, para practicar requerimientos y notificaciones, postrera función ésta en que el domicilio designado se convierte en sede jurídica de la persona para los efectos del procedimiento, y también es conocido como domicilio procesal. Satisfecha por las partes la obligación de designar esa clase de domicilio ante el órgano jurisdiccional, éste queda vinculado por esa manifestación de voluntad para efectos de la práctica de notificaciones personales, sin poder aplicar la mecánica consistente en realizar las notificaciones por conductos diversos a la comunicación domiciliaria. Ese deber de ordenar la realización de notificaciones personales en el domicilio señalado por el interesado, es correlativo al derecho que se otorga a éste de elegir cuál será el lugar de referencia, y que está imbricado en la necesidad de que haga esa designación so pena de atenerse a las reglas de las notificaciones no personales. Los elementos de ese binomio (derecho de designación-deber de atender a tal señalamiento), cuando son conjuntados, dan la pauta para excluir tanto la práctica de las notificaciones personales a través de medios diversos a la comunicación domiciliaria, como la realización de las mismas en lugar distinto al indicado por la parte interesada. Será la infracción injustificada al deber de notificar en el domicilio procesal la que dará lugar a la nulidad, por lo que no cabe excepción alguna a esa obligación, habida cuenta que ello entrañaría su incumplimiento, y le haría perder su razón de ser, a saber, permitir a las partes que elijan el domicilio que estimen adecuado para constituir la sede jurídica de sus personas a los efectos del proceso. La facilidad dada al quejoso, al tercero perjudicado y a la persona extraña al juicio para designar el lugar que mejor convenga a sus intereses a efecto de oír notificaciones, junto con la diferenciación efectuada en cuanto a los distintos tipos de domicilios, lleva a entender que el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo , exija la práctica de la notificación personal en el domicilio señalado por el propio interesado, y que establezca la forma de proceder en caso de que la persona buscada se abstenga de esperar al actuario que le ha citado previamente, a saber, la notificación por lista, que se constituye así en la opción frente al rechazo, independientemente de la causa que lo genere, a entender personalmente la diligencia de notificación, y, al mismo tiempo, en una consecuencia para quien tuvo la oportunidad de elegir el domicilio que mejor le conviniera, sin que, a pesar de ello, atendiera el citatorio entregado en ese lugar. Esa consecuencia, por similar razón, también debe producirse en el supuesto de que el domicilio resulte inexacto, dado que el interesado contó con la facilidad de designar el sitio que le pareciera adecuado y proporcionó uno de forma contraria a la veracidad, empero, esa solución se da porque no es posible encontrar a la persona buscada ante el dato tergiversado, lo cual equivale a la ausencia de designación prevista en la fracción II del mismo artículo 30, y no como en el primer caso en que ninguna imposibilidad existió para hallar a quien deba ser notificada, sino actitud omisa de ésta para permitir la práctica de la diligencia. Idénticos fundamento y motivos sirven para afirmar que la hipótesis consistente en que ninguna persona acude al reiterado llamado del actuario, por la razón que sea (voluntaria o involuntaria), resulta equiparable a la falta de designación del domicilio por parte del interesado, en tanto se impide el objetivo de lograr una efectiva notificación mediante el otorgamiento a las partes de la facultad de señalar el lugar que mejor le acomode, y por tanto, queda liberado el órgano jurisdiccional de su correlativa obligación de ordenar y realizar las notificaciones personales únicamente en el domicilio designado. Al quedar relevado de dicho deber, es factible, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, que el Juez de amparo ordene la notificación por lista, y así la practique el actuario, previo cumplimiento de éste a la mecánica descrita en la fracción I del mismo precepto, asentando razón de la forma en que vio impedida la realización de la diligencia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.