RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. NO ESTÁN OBLIGADOS A AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, POR EXIGIR MAYORES REQUISITOS QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 3/87, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 15/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, página 164, de rubro: " POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. EN CONTRA DE SU BAJA PROCEDE EL AMPARO SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN .", al abordar el análisis de la connotación "imposible reparación", determinó que implicaba mayor exigencia que "difícil reparación", porque acorde con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima primera edición, 1992, el vocablo "imposible" remite a "condición imposible de hecho", que a su vez se define como "la que consiste en un hecho irrealizable"; mientras que el calificativo "difícil", conforme al citado diccionario, significa: "que no se logra, ejecuta o entiende sin mucho trabajo.". En ese tenor, si la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas dispone que los afectados en un procedimiento administrativo de esa naturaleza, pueden impugnar el fallo ante la propia autoridad que lo haya tramitado a través del recurso de revocación previsto en el artículo 71 , cuya interposición suspende la ejecución de la resolución conforme a las reglas establecidas en el numeral 72 , ambos de la aludida legislación, con la particularidad de que la fracción II de este último precepto contempla la suspensión siempre que, entre otros requisitos, la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible reparación en contra del recurrente; es incuestionable que, acorde con el aludido criterio jurisprudencial, los servidores públicos de esa entidad federativa no están obligados a interponer el aludido recurso previo a promover el juicio de amparo, porque las exigencias para conceder la suspensión del acto previstas en la mencionada legislación local superan a las que consigna la Ley de Amparo; y, por ende, se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.