QUEJA ADMINISTRATIVA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A SU FORMULANTE CUANDO ATRIBUYE A LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA COMISIÓN DE CONDUCTAS GRAVES EN SU ACTUACIÓN.

De la interpretación de los artículos 95, fracción VI, y 97, párrafos sexto a noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en relación con el numeral 20 del Acuerdo Número 9/2005 , emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de este Alto Tribunal y del seguimiento de la situación patrimonial de éstos y de los servidores públicos a los que se refiere el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril 2005, se advierte que los Ministros de la Suprema Corte tienen la presunción de reunir los requisitos de capacidad, legalidad, honestidad, excelencia, profesionalismo, objetividad, lealtad, imparcialidad e independencia, además de su firme convicción de respetar la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen. En esa virtud, si en contra de dichos Ministros se promueve una queja administrativa, imputándoles la comisión de conductas graves en su actuación, es indudable que la carga de la prueba corresponde al que formula la queja, ya que no existe dispositivo legal que prevea que el Máximo Tribunal debe allegarse de las pruebas que a juicio del formulante fundamentan o hacen derivar la conducta incorrecta atribuida, pues ello resultaría un contrasentido con la presunción aludida, la cual, por lo mismo, debe ser desvirtuada por quien afirma lo contrario.