AGUA POTABLE. EL ARTÍCULO 223, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SÓLO SE REFIERE AL PAGO DEL 75% DE LA CUOTA ÍNTEGRA Y VIGENTE POR EL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO Y NO POR EL USO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1995).

La norma citada remite a la legislación local para obtener uno de los elementos del tributo, como es la cuota, por la afinidad o semejanza que existe entre el hecho imponible previsto en esa disposición y el diverso que contemplan las legislaciones locales para el servicio de suministro de agua potable, pues en ambos casos se trata del uso o aprovechamiento del vital líquido, sólo que en el ámbito federal su extracción u obtención corre a cargo del propio usuario y en el local el Municipio se encarga de llevar hasta el domicilio del usuario el agua potable. Sin embargo, esta remisión de la norma federal a la local para obtener la cuota que deberá aplicarse a la base gravable del derecho, no significa que también se tome en cuenta la cuota con que a nivel estatal se grave el uso de las redes municipales de drenaje o alcantarillado, pues evidentemente se trata de un hecho imponible distinto, en el que si bien juega un papel importante, ya no se refiere al uso o aprovechamiento del agua, sino a las descargas de aguas residuales, o sea, una vez usadas. Por consiguiente, la interpretación correcta del dispositivo legal aludido es que el setenta y cinco por ciento de la cuota íntegra y vigente que se aplique legalmente para el Distrito Federal o Municipio donde se realice la extracción se refiere única y exclusivamente a la prevista por el servicio de suministro del servicio de agua potable, y no por el uso de las redes municipales de alcantarillado, ya que se trata de un hecho imponible diverso. De lo contrario se estarían cobrando al contribuyente que usa o aprovecha las aguas del subsuelo los derechos relativos al servicio de suministro del servicio de agua potable, que le es afín, y los derechos por el servicio de alcantarillado, sin que nazca el hecho imponible que lo causa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.