SOCIEDADES MERCANTILES. EL ARTÍCULO 205 DE LA LEY GENERAL RELATIVA QUE OBLIGA AL ACCIONISTA AL DEPÓSITO DE LOS TÍTULOS DE SUS ACCIONES ANTE NOTARIO O INSTITUCIÓN DE CRÉDITO COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.

El artículo 17 constitucional establece la garantía de acceso a la impartición de justicia y también señala que está sujeta a que se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes; mientras que el artículo 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece la obligación de que previo al ejercicio de la acción prevista en el artículo 185 del mismo ordenamiento legal, el accionista debe depositar los títulos de sus acciones ante notario o institución de crédito, quienes deberán extender el certificado correspondiente, que no se le devolverán hasta la conclusión del juicio. Este último precepto no es violatorio del artículo constitucional referido porque esa obligación tiene como finalidad primordial salvaguardar el propio título nominativo del socio, acreditar que el promovente es efectivamente accionista de la sociedad, que derivado de que los títulos que representan las acciones pueden transmitirse, esta transmisión no se realice durante el procedimiento y que el accionista siga poseyendo la titularidad de las mismas hasta en tanto concluya el procedimiento que inició, porque de transmitirse no existe obligación legal para que el nuevo accionista continúe el procedimiento iniciado, pues podría no ser trascendente para sus intereses, resultando la intervención del órgano jurisdiccional solicitada innecesaria; por lo que el efecto de no acatar esa disposición no significa denegación de justicia ya que no obstaculiza el acceso a la jurisdicción, dado que en nada impide que nuevamente se ejerza debidamente la acción ante el órgano jurisdiccional cuando sí se cumpla con los requisitos formales que establece el artículo 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y cuyo cumplimiento da seguridad jurídica en el ejercicio de la acción y garantiza la resolución pronta y expedita de los juicios como prescribe el propio artículo 17 constitucional en debida y adecuada regulación a la especial calidad de las personas morales y sus accionistas. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.