SUSPENSIÓN DEFINITIVA. DEBE NEGARSE CONTRA LA APLICACIÓN DE UN DECRETO QUE IMPONE UNA MEDIDA DEFINITIVA DE SALVAGUARDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 801 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, PORQUE DE CONCEDERSE SE AFECTARÍA EL INTERÉS PÚBLICO.

El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo señala que la suspensión definitiva del acto reclamado no debe concederse cuando con ello se cause un perjuicio al interés social o se contravengan normas de orden público, conceptos estos que no han sido objetivamente definidos, sino que corresponde al juzgador, en cada caso, dotarlos de contenido y fijar su alcance en forma fundada y motivada. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en su jurisprudencia 2a./J. 81/2002, de rubro: " SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO .", que la apreciación sobre la existencia del interés social y de las disposiciones de orden público debe realizarse en cada caso concreto por el juzgador. Ahora bien, para determinar si se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público con la concesión de la suspensión definitiva, se estima necesario considerar la naturaleza del acto reclamado, y si éste consiste en el decreto por el cual se impone una medida definitiva de salvaguarda bilateral sobre importaciones de mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de julio de dos mil tres, dicho decreto establece una medida definitiva de salvaguarda bilateral en términos del artículo 801 del Tratado de Libre Comercio , el cual faculta a las partes de dicho tratado a adoptar diversas medidas para prevenir o remediar un daño, cuando un bien se importe al territorio de otra parte en cantidades tan elevadas y bajo condiciones tales que las importaciones de ese bien por sí solas constituyan una causa sustancial de daño serio, o una amenaza de éste a una industria nacional que produzca un bien similar o competidor directo. En este sentido, si el decreto reclamado fue emitido con base en el referido artículo 801 del Tratado de Libre Comercio, debe estimarse que la salvaguarda adoptada constituye una medida tendiente a evitar un daño serio o una amenaza a una industria nacional, derivado de la importación de un bien producido por una de las partes de dicho tratado. Consecuentemente, al advertirse que el objetivo de la medida de salvaguarda reclamada busca evitar un daño a la industria nacional, lleva a concluir que, de concederse la medida cautelar solicitada, se causarían mayores daños a la sociedad que los que pudieran causarse a la parte quejosa, los cuales se buscan evitar a través de la medida de salvaguarda bilateral adoptada. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.