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VI.2o.P.64 PTesis Aislada9a. ÉpocaT.C.C.Penal
- Registro digital (IUS)
- 180139
- Clave de tesis
- VI.2o.P.64 P
- Tipo
- Tesis Aislada
- Época
- 9a. Época
- Instancia
- T.C.C.
- Materia
- Penal
- Fuente
- [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Noviembre de 2004; Pág. 1968
IMPEDIMENTO. LA VISTA ORDENADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO AL MINISTERIO PÚBLICO SÓLO ES UN PRESUPUESTO PARA INICIAR O NO LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, POR LO QUE DICHA CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE PROPIAMENTE UNA DENUNCIA DE HECHOS O EQUIPARADA A LA MISMA POR LO QUE NO SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL (ARTÍCULO 146, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON LA DIVERSA IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN).
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Noviembre de 2004; Pág. 1968
Si con motivo de una causa la autoridad jurisdiccional da vista al Ministerio Público de la Federación de una conducta que probablemente es constitutiva de un delito, dicha circunstancia no constituye propiamente una denuncia de hechos o se equipara a ésta para actualizar la causal de impedimento prevista en la
fracción XVIII, en relación con la diversa IV, ambas del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
, dado que si bien es cierto que dichas hipótesis aluden a que los órganos jurisdiccionales están impedidos para conocer de los asuntos, por diversas causas, entre otras, por haber presentado querella o denuncia el servidor público en contra de algunos de los interesados y en cualquier caso análogo, también lo es que los requisitos de procedibilidad son las condiciones legales que deben cumplirse para iniciar una averiguación previa y, en su caso, ejercitar la acción penal contra el responsable del delito; ahora bien, la Constitución establece como requisitos de procedibilidad la denuncia y la querella; asimismo, el artículo
116 del Código Federal de Procedimientos Penales
consigna que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía; por su parte, el diverso
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del mismo ordenamiento legal establece una particularidad al disponer que toda persona que en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Público. De tal manera que el hecho de que una autoridad federal ordene dar vista al Ministerio Público de la Federación, con motivo de una acción u omisión del impetrante en un juicio de amparo sobre un deber que tiene para la tramitación del propio juicio (hipótesis prevista en el artículo
211, fracción I, de la Ley de Amparo
), no implica que la autoridad judicial sea denunciante en el contexto de la definición de denuncia, menos aún que esté interesada en la actuación administrativa, toda vez que la vista a la representación social supone la existencia de alguna irregularidad en el actuar de una persona con la eventualidad de que después de ser averiguado (investigado) se advierta que sea constitutivo o no de delito, de ahí que deba distinguirse que ordenar dar vista no implica denuncia sino sólo un presupuesto para iniciar o no la integración de una averiguación previa, máxime que en la denuncia se comunica al Ministerio Público o a la policía que se ha cometido un hecho delictivo, que implica la inmediatez del órgano investigador de considerar si existen indicios suficientes sobre la veracidad en los hechos imputados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Precedentes
Impedimento 3/2004. 13 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretario: Arnoldo Guillermo Sánchez de la Cerda.
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