SERVIDORES PÚBLICOS. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN CONSTITUYEN UNA SANCIÓN PENAL POR LA COMISIÓN DE UN DELITO.

Es improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, la indemnización estatuida en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo por despido, cese e inhabilitación injustificados, cuando éstos constituyen una sanción impuesta a un servidor público por sanciones penales decretadas por un Juez por la comisión de un delito, en virtud de que en este supuesto, en primer término, no se está frente a un acto del patrón-Estado que suspende o despide a un trabajador en los términos de la Ley Federal del Trabajo, pues estrictamente no existe un acto de naturaleza laboral que genere un conflicto entre el trabajador y el patrón-Estado, sino que se trata de la destitución, cese e inhabilitación como sanción penal impuesta por un Juez penal por haber incurrido dicho servidor público en un delito del orden federal que amerita tal sanción; y, por otro, resulta inaplicable la citada legislación. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.