RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA APLICACIÓN DE NORMAS PROCESALES NO DESTINADAS A REGIR EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE CONJUNTAMENTE CON LA IMPUGNACIÓN DEL FALLO DEFINITIVO.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, determinó que las garantías procesales mínimas que aseguran una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo son: 1) la notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, y que de no respetarse estos requisitos se dejaría de cumplir el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Ahora bien, el solo acto formal de aplicación de normas adjetivas no destinadas a regir el desenvolvimiento del procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos no genera una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni constituye por sí mismo una transgresión a las normas procesales que genere efectos de extrema gravedad, sino que se trata de una violación intraprocesal que no produce efectos en la esfera jurídica del particular, máxime si en el desarrollo del procedimiento se cumple con el mínimo de garantías procesales que le aseguraron una defensa eficaz, por lo que la reparación de tal violación debe analizarse conjuntamente con la impugnación del fallo con que aquél culmine.