NORMAS PROCESALES. NO TODAS LAS QUE SE CONTIENEN EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL SON DE ORDEN PÚBLICO E IRRENUNCIABLES, TODA VEZ QUE NO SIEMPRE SON ABSOLUTAS O IMPOSITIVAS.

Si bien el mencionado ordenamiento legal establece el procedimiento judicial competencia de los tribunales locales del orden común en el Distrito Federal, no todas las normas que prevé son de interés o de orden público. En efecto, a pesar de que su artículo 55, párrafo primero, establece que para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto en él, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento, disposición con la que de manera implícita determina que las normas del procedimiento son de orden público, al otorgarles de manera general el carácter de imperativas, obligando a las partes y al Juez a estarse a lo dispuesto en ellas y prohibirles alterarlas, modificarlas o renunciarlas; debe tenerse en cuenta que las normas procesales no siempre son absolutas o impositivas, pues en la prosecución procesal y en el resultado de los juicios y procedimientos están principalmente interesadas las partes, lo que pone de manifiesto que ese ordenamiento legal se orienta por el principio dispositivo al permitir la posibilidad de que por voluntad de las partes puedan alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento, facultándolas para que convengan antes, durante o después del juicio en renunciar a ciertos trámites, dando por terminada una controversia estableciendo un procedimiento convencional ejecutivo, en el que prescindan de los trámites procesales expresamente previstos y renuncien parcialmente a sus respectivas pretensiones y resistencia, así como que otorguen un compromiso arbitral en que renuncien a ciertos derechos procesales, como interponer recursos, ofrecer algunas pruebas, formular alegatos o reducir términos procesales, siempre que no exista disposición legal que impida esa renuncia, que no se viole la naturaleza jurídica del procedimiento y que se atienda exclusivamente al interés privado de las partes, sin comprometerse el derecho a recibir alimentos, o vincularse con acciones de divorcio, nulidad de matrimonio, estado civil de las personas y las demás que prohíba la ley, según lo previsto en el artículo 615 del citado código adjetivo. Postura que se corrobora al tenor de lo dispuesto en el artículo 6o. del Código Civil para el Distrito Federal que consagra los principios de imperatividad plena y total, y de irrenunciabilidad de la ley, estableciendo que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de ella, ni alterar o modificar las normas, salvo que se trate de la renuncia de derechos privados que no afecten directamente el interés público y no perjudique derechos de terceros. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.