I.3o.C. J/26 Jurisprudencia9a. ÉpocaT.C.C.Común
MULTA. ANTE LA EVIDENCIA DE QUE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE PROMOVIÓ EN CONTRAVENCIÓN A ALGUNO DE LOS PRINCIPIOS QUE SALVAGUARDA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO TIENE LA FACULTAD, SINO QUE ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICACIÓN.
[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Mayo de 2002; Pág. 1055
El artículo
17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal
, alberga diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas. En relación con la protección de esos principios, se advierte que el artículo
81 de la Ley de Amparo
obliga a los órganos del Poder Judicial de la Federación que conocen del juicio de amparo, a imponer al quejoso o a sus representantes, en su caso, al abogado o a ambos, una multa de diez a ciento ochenta días de salario, tomando en cuenta las circunstancias del caso. Por consiguiente, en casos en los que se advierta la infracción de los principios de mérito, resulta imperativo para el juzgador de amparo emitir un pronunciamiento respecto de la aplicación y monto de la sanción pecuniaria antes aludida, en cuyo evento deberá atender también a lo dispuesto en el artículo
3o. bis
de la legislación invocada, en cuanto a que la multa sólo se aplicará a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe y que para calcularla, el importe que tendrá como base será el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta reprochable.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Precedentes
Amparo en revisión 5823/2001. José Medina Soberanes. 11 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez.
Amparo en revisión 6183/2001. Jorge Hernández Moreno. 31 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario Gabriel Regis López.
Amparo en revisión (improcedencia) 7403/2001. Jerónimo Arreola Sánchez. 30 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.
Amparo en revisión 363/2002. Guillermo Naciff Rodríguez. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.
Amparo en revisión 6903/2001. Héctor Vázquez Covarrubias. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.
Tesis relacionadas
- TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL Y REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. PUEDEN DISFRUTAR DE ESTOS BENEFICIOS QUIENES SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO OBSTANTE QUE DICHO PRECEPTO LEGAL SE REFIERA A LA LIBERTAD PREPARATORIA.
- ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. A FIN DE RESPETAR ESE DERECHO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, EL QUEJOSO MANIFIESTA QUE POR ENCONTRARSE PRIVADO DE SU LIBERTAD, ESTÁ IMPEDIDO PARA CUBRIR EL COSTO GENERADO PARA OBTENER LAS COPIAS CORRESPONDIENTES, ÉSTAS DEBEN EXPEDIRSE GRATUITAMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
- QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE LA INTERPUESTA CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR EL JUEZ DE DISTRITO DESPUÉS DE FALLADO EL JUICIO RELATIVO, EN EL QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE LA PARTE QUEJOSA RESPECTO A QUE DEBEN AMPLIARSE LOS EFECTOS DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONCEDIDA.
- IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA POR EL HECHO DE QUE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO HAYA EJERCIDO, POR SÍ MISMO, LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA NORMAS GENERALES COMO LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TAMBIÉN RECLAMADA EN EL ASUNTO QUE MOTIVÓ SU EXCUSA.
- RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, PUESTO QUE ESE ORDENAMIENTO EXIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.
- TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL Y REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. PUEDEN DISFRUTAR DE ESTOS BENEFICIOS QUIENES SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO OBSTANTE QUE DICHO PRECEPTO LEGAL SE REFIERA A LA LIBERTAD PREPARATORIA.
- AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL LIMITAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO A DICHO JUICIO CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.
- PETICIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA LA PERSECUCIÓN DE DELITOS. LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.