REMATES Y ADJUDICACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN FAVOR DE BANCOS. EL DEUDOR CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 106, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO QUE LOS AUTORIZA.

El hecho de que el deudor haya incumplido con las obligaciones contraídas al celebrar el contrato de mutuo simple con garantía hipotecaria y, por efecto de la legislación adjetiva civil, asumió la posibilidad de que sus fincas fueran rematadas y adjudicadas en favor de un tercero, tal circunstancia de manera alguna afecta la situación del demandado porque de cualquier manera esos bienes iban a ser rematados y adjudicados a un tercero. Por tanto, si el precepto impugnado permite adjudicar temporalmente a los bancos las fincas relacionadas con créditos a su favor, resulta lógico y acertado estimar que el postor que hubiera sido desplazado o relegado en el remate, sería quien, en todo caso, estaría legitimado para reclamar la inconstitucionalidad de la norma legal en cuestión, mas no los deudores quienes, de cualquier forma, no sufren afectación a su interés jurídico.