INCOMPETENCIA DE ORIGEN. LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO GENERAL DE UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES RECLAMABLE EN JUICIO DE GARANTÍAS.

La designación del personal jurídico que integran las Juntas de Conciliación y Arbitraje, hecha conforme a lo previsto en los artículos 625, 629 y relativos de la Ley Federal del Trabajo , entre ellos, la del presidente y del secretario general, no puede válidamente ser materia de análisis constitucional en un juicio de amparo en el que se alegue que su nombramiento se hizo en contravención a las reglas que establece la citada ley laboral, ya que ello se encuentra vinculado a la incompetencia de origen, la que es diferente, en lo esencial, a la incompetencia derivada del artículo 16 constitucional ; así, de manera similar a lo sucedido en otras latitudes cuando frente a los funcionarios de derecho se ha creado una teoría de los funcionarios de facto, esto es, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, bien por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, según cierto sector de la doctrina, bien por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad o inhabilitación, según otros autores. Ahora bien, el examen de la legitimidad de los aludidos funcionarios de la Junta Local y de la competencia de un órgano, supone una distinción esencial; así es, la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica, y la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En este orden de ideas, el artículo 16 de la Carta Magna no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa; por tanto, los tribunales de amparo, por estar vinculados al concepto de competencia del artículo 16 constitucional, no pueden conocer de la legitimación de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada; lo anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o quizá penal exigible a la persona dotada de una investidura irregular o, incluso, sin investidura alguna. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.