ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL. CUANDO POR DECRETO LEGISLATIVO O PRESIDENCIAL SE DETERMINE LA EXTINCIÓN DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, DEBEN ESTABLECERSE LAS BASES PARA SU LIQUIDACIÓN Y EL ENTE RESPONSABLE DE ÉSTA, ASÍ COMO LAS FACULTADES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PREVIAMENTE QUE SUBSISTAN CON POSTERIORIDAD A SU EXTINCIÓN.

De conformidad con las prevenciones constitucionales y legales de la materia, la administración pública federal se desarrolla en nuestro país por una doble vía: la centralizada, compuesta por órganos, y la paraestatal, formada básicamente por entes personificados, entre los cuales se incluyen a los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos; éstos, a diferencia de los primeros, han escapado del principio jerárquico para someterse a un régimen autárquico que se traduce en relaciones de dirección, control y vigilancia por parte del poder central. La relación de control, guiada por el afán de asegurar el empleo correcto de los recursos financieros públicos se ejerce sobre las entidades paraestatales, no sólo en lo atinente a las modalidades de su actividad sino, inclusive, sobre su propia existencia. Por su parte, el sistema extintivo, consagrado en los artículos 15, último párrafo y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en vigor, significa, sin duda, la manifestación del control estatal sobre los entes públicos, al establecer que en la extinción de los organismos públicos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación; asimismo, cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir con sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél; de aquí que ese acto constituye un control suscitado en el seno de la administración pública federal. En esa medida, cuando por decreto legislativo o presidencial se determina la extinción de un organismo público descentralizado, deben establecerse las bases para su liquidación y el ente responsable de ésta, así como las facultades correspondientes para cumplir las obligaciones contraídas previamente por aquél y que subsistan con posterioridad a su extinción. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.