ESTÍMULO FISCAL. LOS ARTÍCULOS 229 A 238 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LO PREVÉN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/2000, de rubro: " IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL .", sostuvo que el principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar igual a quienes se encuentren en una misma situación y desigual a las personas que se ubiquen en condiciones tributarias desiguales, lo cual conlleva que para cumplir con este principio, el legislador no sólo está facultado sino obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes que no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que respondan a fines económicos, sociales, de política fiscal o incluso extrafiscales. Así, los artículos 229 a 238 de la Ley del Impuesto sobre la Renta , al prever el estímulo fiscal denominado "Del fomento al primer empleo" que otorga un trato distinto a quienes no obstante ubicarse en una misma situación de hecho, al realizar erogaciones por concepto del pago de salarios, se ven beneficiados con una deducción adicional en el pago del impuesto sobre la renta, no violan el principio de equidad tributaria, pues la distinción entre patrones que pueden acceder a la deducción y aquellos que no tienen derecho a ese beneficio se justifica objetiva y razonablemente, en atención a que los fines extrafiscales de la norma se orientan a crear nuevos empleos y al primer empleo, así como a incorporar al mercado laboral formal a los trabajadores que no contaban con registro previo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que a los contribuyentes que no incentiven esos objetivos de política pública, no se les puede dar el mismo trato que a los que sí favorecen tal finalidad.