SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE, EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA ESTABLECIDA POR EL PROPIO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.

De conformidad con el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia convención. Así, el sentido de la protección otorgada por el citado artículo, según el criterio interpretativo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consiste en la posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la persona que reclama estima tener y que, en caso de ser encontrada, el recurso sea útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo. En este aspecto encuentran una correlación inobjetable los principios de legalidad y de supremacía constitucional a que aluden los artículos 16 y 133 constitucionales , respectivamente. El primero imparte mayor protección a cualquier gobernado, porque dadas su extensión y efectividad jurídica, pone a la persona a salvo de todo acto de mera afectación a su esfera de derecho que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca; mientras que conforme al segundo, la Constitución será la Ley Suprema de toda la Unión y, por tanto, todos los actos de autoridad deberán arreglarse a sus disposiciones. En este contexto, válidamente puede considerarse, en principio, que si el control constitucional tiende a garantizar dicha supremacía constitucional y a evitar que todas las autoridades actúen fuera de los principios y lineamientos que alberga la Constitución Federal, y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación es un medio de control de esa naturaleza, que aunque heterónomo, una vez integrada es obligatoria para cualquier órgano jurisdiccional y, por ende, la violación a la Constitución está implícita en la inobservancia de una jurisprudencia. A este respecto, los artículos 107, fracción II, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 76 Bis, fracción VI y 193 de la Ley de Amparo prevén que en materias diversas a la penal, agraria y laboral, a que se refieren específicamente las fracciones II, III y IV del segundo de los preceptos indicados, como serían las materias civil, mercantil y administrativa, según criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la suplencia de los conceptos de violación y la de los agravios opera cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, entendida por el propio Pleno como aquella que aparece a los ojos del juzgador de manera clara, patente y notoria porque resulta obvia, innegable e indiscutible, sin que para decidir al respecto sea necesario realizar una serie de razonamientos, investigaciones y planteamientos cuestionables; además, que la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales; en el entendido de que las resoluciones de aquellos órganos constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados que integran cada Tribunal Colegiado. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 17/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 189, de rubro: " SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA .", consideró que para que procediera la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, se requería que el juzgador advirtiera que el acto reclamado, independientemente de aquellos vicios destacados por el quejoso o recurrente, implicara una violación manifiesta de la ley que lo dejara sin defensa. Expuesto lo anterior, es conveniente referir que la "jurisprudencia judicial", en términos generales, ha sido doctrinalmente definida como la interpretación que hacen los tribunales competentes al aplicar la ley a los supuestos de conflicto que se someten a su conocimiento. En el caso de México, la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley, firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas y por los Tribunales Colegiados de Circuito; además, el décimo párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que la ley secundaria fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución, mientras que los diversos artículos 192 a 197-B de la Ley de Amparo y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulan la jurisprudencia y reconocen como materia de ésta la interpretación de la ley; le atribuyen de manera expresa la característica de la obligatoriedad y exigen que los criterios que la integran sean firmes y reiterados; y determinan como tribunales facultados para sentar jurisprudencia obligatoria exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiados de Circuito, de manera que la jurisprudencia por ellos emitida es obligatoria, en esencia, para todos los tribunales de la República sujetos a su jerarquía y jurisdicción o cuyos actos pueden ser sometidos a sus respectivas jurisdicciones. Ahora bien, uno de los principios rectores de la expresión judicial del derecho es el de la generalidad, el cual debe entenderse en el sentido de que la jurisprudencia debe estar destinada a regir clases de casos, es decir, que su formulación debe ser de tal manera que pueda aplicarse a cualquier instancia (o caso) de la misma clase; en resumen, puede considerarse que la jurisprudencia regula y resuelve potenciales controversias. En efecto, la doctrina y aun la Suprema Corte de Justicia de la Nación han aceptado que la jurisprudencia es fuente del derecho; esta última ha considerado que aquélla emerge de la fuente viva que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes, en función de su aplicación a los casos concretos analizados y precisamente por ser fuente del derecho, dimana su obligatoriedad. En relación con lo anterior, la exigencia de la reiteración a que alude el mencionado artículo 193 de la ley de la materia, no es otra que crear una presunción de mayor acierto exhaustivamente conocida para el órgano que emite esos criterios. En estas condiciones, aun cuando la redacción de la Ley de Amparo refiere que la jurisprudencia emitida por un órgano a los que se indica es obligatoria para sus inferiores jerárquicamente sometidos a su jurisdicción, por simple lógica, atendiendo precisamente a que se trata de una auténtica fuente viva del derecho, quien la emite también debe aplicarla congruentemente a los casos concretos de su conocimiento. Por tanto, procede la suplencia de la queja deficiente prevista en el referido artículo 76 Bis, fracción VI, en materia administrativa, cuando exista jurisprudencia temática establecida por el propio Tribunal Colegiado de Circuito, que declara la inconstitucionalidad del acto reclamado, independientemente de que trate un aspecto de legalidad o de constitucionalidad de leyes y aquélla sea exactamente aplicable al caso concreto, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, pues debe invocarse ese criterio oficiosamente, al existir una violación manifiesta de la ley contra el quejoso que lo dejó sin defensa. Estimar lo contrario implicaría un desconocimiento por parte del Tribunal Colegiado respecto de la notoria inconstitucionalidad del acto reclamado, derivada precisamente de la existencia de jurisprudencia, lo que ante la propia naturaleza de esa interpretación general de la ley, sería injustificado, máxime que esta postura no implica que los criterios deban aplicarse en todos los casos como si se tratase de una obligación ineludible, pues no puede soslayarse que pueden interrumpirse, dejando de tener carácter obligatorio, o bien modificarse, en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo, caso en que tal situación deberá razonarse plenamente. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.