PRISIÓN PREVENTIVA DOMICILIARIA. CASO EN QUE EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DEL DELITO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE QUE AUTORIZA AQUÉLLA SIN FIJAR GARANTÍA AL PROCESADO.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que el ofendido o la víctima del delito está legitimado para promover el juicio de amparo, entre otros supuestos, contra las resoluciones jurisdiccionales que afecten su derecho o expectativa legal a la reparación del daño, únicamente por lo que a ese aspecto se refiere y siempre que contra éstas no proceda medio ordinario alguno de defensa; además, aquél puede acudir al juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos a esa figura reparatoria, aunque no se refiera directamente a ella, pues existen múltiples actos procesales que aun cuando no la afectan directamente -en tanto no importan un pronunciamiento al respecto- sí implican que, de facto, la reparación no ocurra. En ese sentido, cuando el acto reclamado consiste en la resolución de la Sala que declara fundado el incidente promovido por el procesado y que autoriza que la prisión preventiva se lleve a cabo en su domicilio, lo que por sí no afecta directamente la reparación del daño, en tanto no se emite un pronunciamiento al respecto, pero si al conceder esa prerrogativa, la autoridad de alzada elimina la determinación del Juez de primera instancia de fijar garantía al procesado para poder gozar de esa especie de prisión preventiva, cuyo monto evidentemente serviría para garantizar la reparación del daño a que eventualmente fuese condenado el imputado, es incuestionable que esa decisión sí afecta en los hechos esa figura reparatoria, pues la primigenia determinación del Juez de la causa generó al ofendido o a la víctima del delito la expectativa de que en el supuesto de dictar sentencia condenatoria, la reparación del daño estaría cubierta de forma inmediata, de tal suerte que al revocarse esa garantía en la resolución reclamada, también se elimina dicha expectativa, por ello, es irrefragable la afectación a su interés jurídico, lo cual los dota de legitimación para promover el juicio de garantías. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.