RECARGOS FISCALES. EL ARTÍCULO 22, DÉCIMO QUINTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE OCTUBRE DE 2007, AL DISPONER QUE, TRATÁNDOSE DE IMPUESTOS AUTODETERMINADOS POR LOS CONTRIBUYENTES, SE CALCULEN A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN SI ÉSTA SE HUBIERA EFECTUADO Y NO PROCEDIERA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el pago de intereses a cargo de las autoridades y de recargos de los contribuyentes deben considerar elementos esencialmente iguales para su determinación a efecto de que se respete el principio de equidad tributaria, entre ellos, el lapso de la mora, pues a pesar de que los intereses y recargos participan de la misma naturaleza de "indemnización" derivada de una situación económica, dicho principio se acata cuando el legislador prevé en ambos mecanismos de reparación económica el inicio en el que se genera la mora. En congruencia con ese criterio, se concluye que el artículo 22, párrafo décimo quinto, del Código Fiscal de la Federación , al prever la causación de recargos a cargo de los particulares a partir de la fecha de la devolución de saldos a su favor que resultó improcedente y el numeral 22-A, párrafo primero , del mismo ordenamiento, al considerar la generación de intereses cuando la autoridad no devuelva la suma de dinero derivada de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, en los plazos fijados por el artículo 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación, ello no contraviene la garantía de equidad tributaria, toda vez que, por un lado, los recargos tienen como finalidad indemnizar al fisco por la mora en que incurrió el contribuyente, por lo que resulta objetivo y razonable que la determinación de su monto se calcule a partir de que el particular obtuvo la devolución de saldos a favor que resultó improcedente, al no estar a disposición del fisco esas cantidades para sufragar el gasto público a partir de que se efectuó la devolución, ya que, al ser el particular el que determinó sus obligaciones tributarias en la solicitud de devolución, goza de presunción de certidumbre en atención a que esa autodeterminación partió de un principio de buena fe, por lo que dicha solicitud de devolución de saldo a favor produjo todos sus efectos legales al ser válida jurídicamente, vinculando, por consiguiente, a la autoridad a cumplir con su obligación estatal de devolver lo que indebidamente percibió; y, por otro, porque resulta objetivo y razonable que los intereses se generen a partir del vencimiento del plazo en el que las autoridades debieron efectuar la devolución de los saldos a favor, en virtud de que es hasta ese momento en el que nace la obligación estatal de devolver lo que indebidamente percibió, naciendo, por consiguiente, el derecho de los particulares de exigir ese pago de intereses, en tanto no se cumplió con el término impuesto por el legislador al fisco para cumplir con esa obligación estatal, por lo que a efecto de resarcir a los contribuyentes ante tal incumplimiento, se dispuso ese pago de intereses hasta en tanto el monto de la devolución esté a disposición del contribuyente.