EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. LOS ARTÍCULOS 144, FRACCIÓN II, 231 Y 255, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL NO PRECISAR EN FORMA CLARA Y EXACTA LO QUE DEBE ENTENDERSE POR "ESTADO DE EBRIEDAD" EN LOS DELITOS DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y LESIONES CAUSADOS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, VULNERAN ESE DERECHO FUNDAMENTAL.

Según lo ha sostenido el Más Alto Tribunal del País, el derecho de exacta aplicación de la ley en materia penal no se ciñe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos, lo que significa que la autoridad legislativa debe consignar -en las leyes penales que expida- expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, tanto al prever las penas, como al describir las conductas típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado y evitar confusiones en su aplicación. De esta manera, si la ley penal carece de tales requisitos de certeza, será violatoria del citado derecho previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Ahora bien, los artículos 144, fracción II, 231 y 255, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Baja California establecen, como parte de la descripción típica en los delitos de daño en propiedad ajena y lesiones causados con motivo del tránsito de vehículos, la expresión "estado de ebriedad"; sin embargo, ésta constituye un término vago, en tanto no especifica cuál es la cantidad de alcohol que un sujeto debe tener en su organismo (sangre u orina) o bien, qué funciones corporales y en qué medida deben verse disminuidas, para determinar que se encuentra en ese estado. Es decir, la acepción utilizada por el legislador es imprecisa, al no señalar claramente cuántos mililitros de alcohol puede ingerir una persona para no considerar que se encuentra en estado de ebriedad, generando con ello que el término aludido admita distintas interpretaciones y, por consiguiente, da motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Luego, la vaguedad de la acepción de mérito deriva de que la palabra "ebriedad" o "embriaguez", según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Española, significa, entre otras cosas: "turbación pasajera de las potencias, exceso con que se ha bebido vino o licor"; sin embargo, tal definición no puntualiza qué debe entenderse por "exceso" con que se ha bebido vino o licor, es decir, aun acudiendo al significado de la palabra empleada por el legislador (ebriedad o embriaguez) no es factible tener certeza cuándo se está en ese estado, esto es, cuándo se ha bebido en exceso. Entonces, para que los operadores de la norma puedan aplicar dicho precepto, es indispensable que conozcan el momento determinado en que se considera que una persona se encuentra en estado de embriaguez o ebriedad y, para ello, es necesario que la ley lo precise de forma clara y exacta, lo que ocurre sólo cuando el legislador establece objetivamente la medida de alcohol que el activo debe tener en su organismo. Sin que sea factible que ello dependa de la opinión de un tercero (perito, testigo, etcétera), pues al no existir un parámetro objetivo del cual partir, es evidente que podrán existir tantas conclusiones como personas a las que se les solicite su opinión, haciendo palmaria la transgresión al mencionado derecho, pues el juzgador, en vez de acudir sólo a ésta para determinar si se actualiza o no la conducta, debe atender a la apreciación de un tercero para determinar si la cantidad de alcohol que reporta el activo en su organismo es suficiente o no para considerarlo en estado de ebriedad. Consecuentemente, ante la imprecisión de la redacción de los citados artículos, es evidente que éstos no cumplen con las características de claridad, precisión y exactitud aludidas, generando incertidumbre frente al gobernado y, por ende, vulneran el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.