CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EL TÉRMINO DE CIENTO OCHENTA DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 29-BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO PARA QUE OPERE, NO ES VIOLATORIO DEL DERECHO HUMANO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Conforme al primer numeral, la caducidad de la instancia operará desde la notificación del primer auto que se dicte en el juicio, hasta antes de la citación para sentencia, una vez que transcurran ciento ochenta días naturales (contados a partir de la notificación de la última determinación judicial) de inactividad procesal de las partes, tendente a la prosecución del procedimiento. Tal disposición no es violatoria del derecho humano a la tutela judicial, previsto en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , al no impedir el acceso a ese derecho fundamental, pues no coarta el derecho de la parte actora de acudir a los tribunales para que resuelva su caso concreto, ya que ésta, una vez admitida su demanda, se encuentra en aptitud de impulsar el procedimiento, solicitando al Juez que se pronuncie respecto a sus promociones o haciendo valer los medios legales a su alcance, con el fin de que no opere la caducidad de la instancia, por lo que en el supuesto de que ésta se actualice, únicamente es imputable a la actora, en virtud de que es la interesada en que se resuelva la controversia planteada, es decir, el numeral 29-Bis en cita, es un reflejo del "principio dispositivo" que rige dentro de los juicios de carácter privado, el cual tiene diversas aplicaciones, como que: a) el proceso no se inicie hasta en tanto no se presente la demanda de la parte interesada; b) el Juez no puede resolver otras cuestiones que no fueron planteadas en la demanda; c) las partes puedan poner fin al procedimiento, ya sea mediante desistimiento, conciliación o transacción; y, d) las partes puedan renunciar a sus derechos procesales; principio que se traduce en que el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, los límites mismos de la acción y la propia actividad del Juez, se regulan por la voluntad de las partes contendientes, toda vez que son ellas las dueñas del derecho sustancial en disputa y, en consecuencia, les corresponde exclusivamente a ellas tanto la iniciación como el desarrollo del proceso, con las limitantes que establezca la propia ley; de ahí que la "caducidad" de ninguna manera contraviene la convención ni el precepto en cita, toda vez que no impide la resolución de un asunto sometido a la jurisdicción de los tribunales. Además, el aludido artículo 17 constitucional, establece que la impartición de justicia por parte del Estado estará sujeta a "los plazos y términos que fijen las leyes", de tal forma que el Constituyente le dio libertad al legislador secundario para que, sujeto a "razonabilidad", estableciera los términos a los que estará sometido un proceso judicial, lo que si bien se traduce en una restricción al derecho humano a la jurisdicción, es congruente con el artículo 32, numeral 2 , de la convención en cita, pues ha sido un criterio reiterado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es válido sostener, en general, que el ejercicio de los derechos garantizados por la convención debe armonizarse con el bien común, sobre todo en los casos en que se especifican taxativamente las causas legítimas que pueden fundar las restricciones o limitaciones para un derecho determinado y que, por tanto, puede considerarse como un imperativo del bien común, la organización de la vida social, en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana. Por ello, los preceptos que contengan limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las "justas exigencias" de "una sociedad democrática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la convención, lo que acontece con la figura de la caducidad de la instancia, pues responde a la justa exigencia de una sociedad democrática contemporánea, como lo es que los procesos judiciales no sean eternos y se definan para salvaguardar la seguridad jurídica de la colectividad; en otras palabras, la figura de la "caducidad de la instancia" va en favor de la impartición de justicia, en el sentido de que la misma debe ser pronta y expedita, por eso es que se establecen términos a las partes para ejercer sus acciones o derechos, de forma tal que por la falta de interés se da esta institución, y si bien los juicios de carácter privado se norman por el "principio dispositivo", donde el procedimiento se rige según la voluntad de las partes, una vez que es sometida una controversia a la jurisdicción de los tribunales, se debe cumplir con los términos y plazos que al efecto establezca la ley que regule la acción que se reclama. En ese sentido, el hecho de que el legislador en el referido artículo 29-Bis establezca un lapso de ciento ochenta días para que opere la caducidad de la primera instancia, no resulta ilógico o irracional, dado que se estima prudente, para poder establecer la falta de interés de la parte actora, en la prosecución del proceso judicial que ella misma instó, pues esa regla es conforme con el artículo 17 constitucional, por tanto, tampoco es violatorio del derecho humano a la tutela judicial efectiva. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.