RECURSO DE REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZAR EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA, CON INDEPENDENCIA DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA AUTORIDAD RECURRENTE EN EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN, SALVO CUANDO SE TRATE DEL SUPUESTO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL PRECEPTO CITADO.

El recurso referido es un medio de defensa excepcional y extraordinario en favor de las autoridades, que encuadra en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinó que sólo podía interponerse en casos específicos y determinados que están fuera de lo común y cuya resolución se considera importante y trascendente para el orden jurídico nacional. Asimismo, el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, también goza de las mismas características, en virtud de que tiene su origen en el mismo precepto constitucional. Por ende, las reglas que rigen a este último son plenamente aplicables al recurso de revisión contencioso administrativo, porque ambos se rigen por los mismos principios y, además, porque existe similitud en cuanto a su contenido. En este contexto, con base en los criterios expuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 45/2001, 2a./J. 193/2007 y 2a./J. 71/2011, donde se analizó y determinó la forma como debía realizarse el estudio de la procedencia del recurso de revisión fiscal, se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito debe analizar oficiosamente la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativo, con independencia de los argumentos expuestos por la autoridad recurrente para tal efecto en el escrito de interposición, ya que el referido artículo 140 no dispone que ese análisis deba condicionarse al hecho de que la inconforme señale específicamente la hipótesis que considere aplicable o exprese los argumentos que consideró pertinentes para efectos de su admisión y, además, porque la legislación conforme a la cual debe tramitarse el medio de impugnación mencionado, esto es, la Ley de Amparo, también le impone la obligación de realizar ese estudio oficioso, en razón de que sus artículos 62 y 91 disponen que el presidente del órgano jurisdiccional debe calificar la procedencia del recurso de revisión en amparo indirecto, antes de admitirlo o desecharlo, el cual es un aspecto de orden público que debe realizar en forma oficiosa, lo aleguen o no las partes. Sin embargo, el órgano jurisdiccional no tiene obligación de llevar a cabo ese estudio, cuando se trata de la fracción VI del artículo 140 citado, en atención a que, en este caso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal obligó a la autoridad inconforme a justificar la actualización de este supuesto normativo, al disponer que ésta debía razonar el hecho de que el negocio era de importancia y trascendencia. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.