AMPARO DIRECTO. PROCEDE ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PROCESALES, FORMALES O DE FONDO, AUN CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO CAREZCA DE LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE ALGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA FIRMARON.

Se ha considerado como regla general, que las actuaciones jurisdiccionales para ser válidas requieren que, además de contener la firma autógrafa, expresen el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe. En las resoluciones que constituyen el acto reclamado en el amparo uniinstancial, la falta de ese requisito de validez conduce a dos interpretaciones en relación con el análisis de los conceptos de violación: la primera estriba en que se concede el amparo sin atenderlos, provocando con ello que se promueva un segundo juicio una vez subsanado dicho vicio, en donde por primera vez se analicen las cuestiones planteadas; en cambio, la segunda consiste en que, con independencia de que se conceda el amparo por dicho vicio, de todas maneras se realice el estudio de los conceptos de violación que se hicieron valer, pues bien podría reponerse el procedimiento también para subsanar infracciones procesales o incluso dar determinados lineamientos en cuanto al fondo para que la litis ordinaria quede definida respecto de algunos aspectos impidiendo una sucesión de actos y juicios de derechos fundamentales. Ahora bien, los artículos 79, 174, 182 y 189 de la Ley de Amparo mandatan a los órganos de amparo: i) pronunciarse en el primer amparo respecto de todas las violaciones adjetivas que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, adviertan en suplencia de la queja; ii) procurar resolver íntegramente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia; iii) proceder al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso; iv) en todas las materias, se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio; y, v) la suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. Luego, los citados preceptos interpretados de conformidad con los numerales 1o., 17 y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, permiten concluir que aun cuando exista el vicio de mérito deben analizarse los conceptos de violación planteados por el quejoso, pues la nueva sistemática del juicio exige que se prefiera resolver íntegramente el asunto de fondo, a menos que el principio del mayor beneficio lo impida, para cumplir con el derecho a una justicia pronta y expedita, maximizando así la efectividad del juicio de amparo para remediar violaciones a derechos humanos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.