ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Las actuaciones practicadas por el Ministerio Público en la averiguación previa, asentadas en papel tamaño carta y no en oficio, no carecen de validez ni contravienen las formalidades esenciales del procedimiento, en términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o el derecho de defensa adecuada, establecido en su artículo 20, apartado A, fracción IX. Lo anterior, por no estar considerado así por los artículos 160 de la Ley de Amparo abrogada y 12 a 17 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. En efecto, el hecho de que las mencionadas diligencias ministeriales estén elaboradas en hojas tamaño carta y no en oficio, como lo establece el numeral 277 del código mencionado (que dispone que las actas deben extenderse en ese tamaño), no tiene el alcance para determinar que lo asentado en ellas es nulo de pleno derecho o que se trate de prueba ilícita, pues el valor probatorio de las diligencias realizadas por la representación social no depende del tamaño del papel en que ésta las deja plasmadas, sino de que aquéllas no sean contrarias a las reglas establecidas en la ley para llevar a cabo su desahogo. Ello, toda vez que el citado artículo 277, al disponer que "las actas se extenderán en papel de oficio", se refiere propiamente a las formalidades de las actas llevadas a cabo por la Policía Judicial en auxilio del Ministerio Público, para recibir, en los supuestos que ahí se contemplan, las denuncias correspondientes, por así señalarlo los artículos 274, 275 y 277 del propio código. Por tanto, no puede llegarse al extremo de declarar inválida o restarle valor probatorio a una actuación ministerial en atención al tamaño del papel en el que fue asentada; máxime si su contenido -que es jurídicamente trascendente-, cumple con las demás formalidades establecidas en ese ordenamiento procesal, como son, entre otras, la firma y rúbrica del funcionario que la practicó, así como el sello de la autoridad que la autoriza. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.