DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO POR EXTEMPORÁNEA. SI OCURRIÓ RESPECTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN DICTADA ANTES DEL 3 DE ABRIL DE 2013, DICHA CIRCUNSTANCIA NO IMPLICA QUE PUEDA CONSIDERARSE COSA JUZGADA, QUE HAGA IMPROCEDENTE UN SEGUNDO JUICIO CONTRA LA MISMA SENTENCIA Y AUTORIDAD RESPONSABLE PRESENTADO POSTERIORMENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 39/2014 (10a.).

Si el quejoso presentó dos demandas de amparo directo contra la misma autoridad y acto reclamado (una sentencia condenatoria que impuso pena de prisión dictada antes del 3 de abril de 2013), la circunstancia de que le fuera desechada de plano la primera por extemporánea, conforme a la interpretación superada de que el plazo de ocho años aludido en la nueva ley de la materia, debía contar a partir de la notificación de la sentencia reclamada, no implica que pueda considerarse cosa juzgada, que haga improcedente un segundo juicio contra la misma sentencia y autoridad presentado posteriormente a la publicación del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 39/2014 (10a.), de rubro: "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA SE RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y SI LOS SUPUESTOS QUE DAN INICIO A SU CÓMPUTO EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 18 DE ESE ORDENAMIENTO ACONTECIERON CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, EL REFERIDO PLAZO INICIA A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE."; ello, porque deben prevalecer los principios humanos pro persona y de progresividad establecidos en el párrafo segundo del artículo 1o. y de tutela judicial efectiva, referido en el diverso 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la definición de la posibilidad real de acceso al juicio constitucional, como prerrogativa de la protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas, por lo que debe estimarse procedente la segunda acción de control constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.