PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. TRATÁNDOSE DEL EMBARGO DE BIENES EN COPROPIEDAD, SI SE ACREDITA EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE AQUÉL SE DEJE INSUBSISTENTE Y, DE INICIARLO NUEVAMENTE, SE CONSIDERE A LA QUEJOSA COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO.

El artículo 156 del Código Fiscal de la Federación establece que el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia, que manifieste, bajo protesta de decir verdad, si los bienes embargados reportan cualquier gravamen, se encuentren en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. En ese tenor, cuando en el procedimiento administrativo de ejecución se embarguen bienes cuyo régimen se encuentre en copropiedad, ya sea por una sociedad conyugal o simplemente por así estar estipulado en un documento público, y una de las partes comparece al medio de defensa extraordinario respectivo y acredita su carácter de persona extraña al procedimiento que derivó del adeudo al fisco, procede declarar su nulidad, por no escuchar en defensa de sus intereses al tercero extraño afectado, en el entendido de que la nulidad es para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistente todo el procedimiento de referencia y, hecho lo anterior, de iniciarlo nuevamente, consideren a la quejosa como parte del procedimiento. Lo anterior, pues es innegable el derecho de propiedad del no llamado para reclamar el embargo de los bienes dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que es evidente que le corresponde pro indiviso, en el caso de la sociedad conyugal, el cincuenta por ciento. De no hacerlo así, se estaría en la posibilidad de que la quejosa perdiera los derechos de propiedad que tiene sobre sus bienes, sin contraprestación ni compensación alguna, con motivo de la acción ejercida por el Estado; de ahí que sea imperativo que cada propietario sea llamado al procedimiento administrativo de ejecución para ejercer sus derechos, y así cumplir con la garantía individual de previa audiencia, contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.