ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. LO CONSTITUYE EL DESECHAMIENTO DE UN DICTAMEN PSICOLÓGICO OFRECIDO POR EL PROCESADO PARA ACREDITAR QUE SU COINCULPADO SUFRIÓ ACTOS DE TORTURA AL RENDIR SU DECLARACIÓN EN LA QUE PROPORCIONÓ DATOS QUE LO INCRIMINAN EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto de tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante; asimismo, que existe una distinción relevante cuando se habla de tortura, a saber: las consecuencias jurídicas de ésta como delito y como violación de derechos fundamentales dentro del proceso penal. En cuanto a esta última, un efecto es que la declaración que se obtenga bajo tortura o cualquier otro medio de coacción física o psicológica, no debe utilizarse como prueba contra la persona que la sufrió; por lo que ante el señalamiento del inculpado, en el sentido de que su declaración fue arrancada de esa forma, corresponde al juzgador ordenar la investigación al Ministerio Público y, a su vez, en el proceso, actuar de manera efectiva e imparcial, esto es, garantizar que se realicen los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, así como ordenar la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, que tengan efecto dentro del proceso y puedan ser valorados al dictarse la sentencia definitiva con el objeto de determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión rendida. Por otro lado, los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ponen de manifiesto que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro del juicio, siempre que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación. En este orden de ideas, si dentro de un proceso penal el inculpado ofrece un dictamen psicológico para acreditar que su coinculpado sufrió actos de tortura al rendir su declaración en la que proporcionó datos que lo incriminan en el delito que se le imputa, y dicha probanza le es desechada; este acto debe considerarse como de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues es en la instrucción donde el juzgador debe indagar sobre los actos de tortura en el citado aspecto de violación de derechos fundamentales, ya que el resultado de dicha investigación podría repercutir en el dictado de la sentencia, en tanto que de ser tomada en cuenta por el juzgador, trascendería en perjuicio del imputado; en cambio, si agotada la investigación de los actos de tortura, se llegara a la convicción de que existieron contra su coinculpado, esa confesión constituiría una prueba ilícita que no podría ser valorada en perjuicio del procesado; considerar lo contrario, es decir, que no es de imposible reparación y desechar por tal motivo la demanda de amparo por advertir que su estudio corresponde hasta el amparo directo, implicaría transgresión al derecho humano de justicia pronta y expedita, sobre un tema que, incluso, es de análisis oficioso y preferente. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.