ACCIÓN PENAL. LAS PRUEBAS PARA PERFECCIONARLA, OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE QUE SE NIEGUE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN O COMPARECENCIA, A FIN DE QUE EL JUEZ ENTRE NUEVAMENTE AL ESTUDIO DE LA CAUSA Y SE PRONUNCIE RESPECTO DE DICHOS MANDATOS, DEBEN DESAHOGARSE POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ) [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 75/2012 (10a.)].

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 911, de rubro: "ACCIÓN PENAL. SI PARA SU PERFECCIONAMIENTO CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN NEGADA O DE LA EMISIÓN DE UN AUTO DE LIBERTAD CON RESERVAS A FAVOR DEL INCULPADO, SE REQUIERE DE LA APORTACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS PROBATORIOS, ÉSTOS NECESARIAMENTE DEBEN DESAHOGARSE POR EL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA).", estableció que, de una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que corresponde en exclusiva al Ministerio Público el ejercicio de la "función investigadora" de los delitos en sede de averiguación previa, por lo que si para perfeccionar la acción penal es necesario aportar al órgano jurisdiccional nuevos elementos de convicción, éstos necesariamente deberá desahogarlos el propio representante social y no así el Juez penal de instancia; criterio que es aplicable tratándose de la hipótesis prevista en el artículo 181, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí abrogado, que prevé que si el Juez negara la aprehensión, reaprehensión o comparecencia, en su caso, el Ministerio Público adscrito reiterará la petición cuantas veces sea necesario, para lo cual, dentro del plazo de seis meses contados a partir del día siguiente de aquel en que cause estado la resolución deberá rendir y ofrecer nuevas pruebas, respecto de las cuales el Juez entrará nuevamente al estudio de la causa y se pronunciará sobre el mandamiento solicitado por el Ministerio Público investigador, al resultar patente que dicha porción normativa contraviene dichos artículos constitucionales, pues conllevaría que el juzgador sustituyera las funciones de aquél en el ejercicio de su inherente función investigadora y que se trastocaran los principios constitucionales que rigen el proceso penal, convirtiéndolo en un sistema procesal penal inquisitivo, al permitirse la concentración de funciones en el resolutor, facultándolo para investigar, obtener pruebas y juzgar. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.