PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE SE MATERIALICE LA HIPÓTESIS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 529 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Para que opere la disposición del derecho para pedir la ejecución de una sentencia, es decir, que materialmente y sin interrupciones legales pueda válidamente ejercitarse, deben satisfacerse los siguientes presupuestos: a) tratándose de una sentencia definitiva, el actor no puede ejecutarla, sino hasta que el expediente esté en poder del Juez ejecutor (no de la Sala, pues ésta no ejecuta la sentencia); b) con independencia del contenido de la sentencia, ésta se encuentra sub júdice, hasta que se le devuelva jurisdicción al Juez para que la ejecute; y, c) por consiguiente, es hasta que el Juez ejecutor la recibe, cuando válidamente se puede hacer efectivo el contenido de la sentencia. Ahora bien, para ejecutar una sentencia que establece una condena y un plazo voluntario para cumplirla, debe tomarse en cuenta, en principio, la fecha en que recibió los autos el Juez ejecutor y que dio a conocer a través de la notificación respectiva al potencial ejecutante, asimismo, la notificación al condenado, para que haga uso del plazo de cumplimiento voluntario. Transcurrido dicho plazo, a partir del día siguiente comienza a computarse el plazo prescriptivo, por ser hasta ese momento en que se materializa la hipótesis a que se refiere el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone: "La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judiciales, durará diez años contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado.". En ese orden de ideas, el inicio del tiempo necesario para la prescripción debe partir del momento en que el ejecutante puede materialmente iniciar el procedimiento de ejecución, pues ello permite estar en condiciones de determinar que el derecho depende exclusivamente del beneficiado con la sentencia para hacerlo valer ante la autoridad jurisdiccional y no de factores que escapan a su voluntad. A partir de lo anterior, es dable señalar, que con independencia de que la sentencia de segunda instancia causa ejecutoria por ministerio de ley de conformidad con el artículo 426, fracción II, del citado código, para determinar el inicio del cómputo del plazo que se requiere para la prescripción a favor del condenado, debe partirse del momento en que materialmente puede ejecutarse la sentencia y no del en que ésta causa ejecutoria. Además, porque el procedimiento de ejecución, considerado como un conjunto de actos procesales que tienen por objeto la realización coactiva de la sentencia, que por lo general es de condena, debe llevarse a cabo ante el propio juzgador que conoció del procedimiento natural y no por conducto del tribunal de alzada. Así, una vez que recibe del tribunal de apelación los autos y las constancias relativas, es indudable que el juzgador tiene conocimiento de que la sentencia causó ejecutoria porque, incluso, transcurrió el término para proponer el amparo sin promoverlo o porque se recibió la ejecutoria confirmatoria por el Tribunal Colegiado de Circuito; entonces, el Juez primigenio es quien ordenará y vigilará la ejecución de la sentencia, por lo que es hasta ese momento en que se puede determinar el día en que vence el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado; por ende, también se determina que a partir del día siguiente de dicho vencimiento del plazo de cumplimiento voluntario, comienza el cómputo del término para solicitar la ejecución y evitar la prescripción. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.