1a./J. 20/2016 (10a.)Jurisprudencia10a. ÉpocaS.C.J.N.Penal
ANTECEDENTES PENALES, ENTENDIDOS EN SENTIDO AMPLIO. DEBERES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES AL INTERPRETAR O APLICAR NORMAS SECUNDARIAS QUE ALUDEN A ELLOS COMO CRITERIO PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 30, Mayo de 2016; Tomo II; Pág. 923
De acuerdo con el paradigma constitucional del derecho penal del acto, los antecedentes penales del sentenciado (entendidos en sentido amplio) no deben tomarse en cuenta para determinar su grado de culpabilidad. Esta lógica deriva de la interpretación constitucional realizada por este alto tribunal respecto a dicho paradigma, por lo que, en atención al principio de supremacía constitucional, el mismo debe ser considerado como un parámetro de regularidad constitucional de actos y normas. Por ende, lo lógico es que los órganos jurisdiccionales, al tener que evaluar las condiciones de aplicación y las posibilidades interpretativas de las legislaciones ordinarias que aluden a antecedentes penales, se conduzcan de acuerdo con los deberes que ordinariamente deben cumplir cuando enfrentan cualquier problema de naturaleza constitucional planteado con motivo de la aplicación de leyes secundarias. En primer lugar, deberán partir de la presunción de constitucionalidad de las leyes y, por tanto, favorecer la posibilidad de realizar una interpretación conforme; sin embargo, si habiendo agotado esta posibilidad se considera que el conflicto entre la ley y la Constitución es insalvable, los jueces deben realizar un control de constitucionalidad de la norma. Éste incluso puede ser control ex officio pero, en su caso, deberá realizarse de acuerdo con las facultades que le correspondan a cada órgano, según su nivel y función, en términos de lo que esta Suprema Corte ha señalado en su jurisprudencia sobre la materia.
PRIMERA SALA
Precedentes
Contradicción de tesis 298/2014. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 18 de noviembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Patricia del Arenal Urueta.
Tesis y/o criterios contendientes:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 86/2012, sustentó la tesis aislada III.2o.P.15 P (10a.), de rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. SI PARA DETERMINAR EL GRADO DE CULPABILIDAD SE TOMAN EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO SE CONTRAVIENE SU DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD Y, POR TANTO, EL DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 2069, con número de registro digital: 2002539.
El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 400/2014, determinó que conforme a la fracción VI del artículo 69 del Código Penal del Estado de Baja California, para imponer una pena, el juzgador debe ponderar tanto las circunstancias que rodearon el evento delictivo, como los aspectos personales del sujeto activo, dentro de los cuales incuestionablemente se encuentran los antecedentes penales, al ser estos factores los que, en el caso concreto, revelan que el sentenciado se mostró renuente a reincorporarse a la sociedad, al ser considerado como reincidente.
Tesis de jurisprudencia 20/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.
Tesis relacionadas
- PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. ES INADMISIBLE ELEVAR EL GRADO DE CULPABILIDAD POR ESTE DELITO, CON BASE EN ALEGATOS QUE SUGIEREN QUE LA PERSONA HABRÍA COMETIDO OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS CON EL ARMA EN CUESTIÓN.
- AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR CONTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN COMPRENDEN TAMBIÉN A LOS ULTERIORES.
- AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR CONTRA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN COMPRENDEN TAMBIÉN A LOS ULTERIORES.
- PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LO VULNERA LA NORMA QUE SUSPENDE LOS DERECHOS LABORALES DE SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE LES IMPUTE LA COMISIÓN DE UN DELITO FISCAL ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA.
- INTERPRETACIÓN CONFORME. NO LA CONSTITUYE LA DELIMITACIÓN DEL ALCANCE Y CONTENIDO DE UN ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO PENAL QUE SE REALIZA DESDE UN ÁMBITO DE LEGALIDAD.
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN PENAL. LA SALA CUENTA CON ARBITRIO JUDICIAL PARA MODIFICAR EL GRADO DE CULPABILIDAD DE LA PERSONA SENTENCIADA ESTABLECIDO EN PRIMERA INSTANCIA Y, COMO CONSECUENCIA, IMPONER LA PENA CORRESPONDIENTE.
- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PARA SU CÓMPUTO DEBE ATENDERSE A LA PENALIDAD APLICABLE AL DELITO ESTABLECIDO EN CADA FASE QUE INTEGRA EL PROCEDIMIENTO PENAL.
- QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO QUE DETERMINÓ LA DISMINUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA.