VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y DE ACCESO A LA JUSTICIA, TIENE DERECHO A INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA NEGATIVA DE LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EL INDICIADO O EL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO ABROGADO, NO LE OTORGUE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCESO PENAL.

Atento a los principios de supremacía constitucional y de acceso a la justicia, previstos en los artículos 133 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la víctima u ofendido del delito tiene derecho a interponer el recurso de apelación contra la negativa de librar la orden de aprehensión contra el indiciado o el auto de libertad por falta de elementos para procesar, aun cuando el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero abrogado no le otorgue el carácter de parte en el proceso penal. Lo anterior, porque con este proceder se reconoce el derecho del ofendido a un debido proceso, que le concede el artículo 2o., fracción III, de la Ley General de Víctimas, que implica brindarle la posibilidad de recurrir una determinación que lesione sus derechos, en tanto que permite a la autoridad jurisdiccional de segundo grado, examinar lo decidido por el Juez de primera instancia, para que la revisión del acto reclamado sea completa. Además, el derecho de recurrir evita que queden firmes esas resoluciones e impide que los aspectos reclamados en un amparo, puedan calificarse de inoperantes, por no haberse aducido como agravio en el recurso de apelación que, en su caso, pudiera haber interpuesto exclusivamente el Ministerio Público. Adicionalmente, al otorgarse al ofendido el derecho de agotar la doble instancia jurisdiccional, se evita la existencia de sentencias contradictorias, esto es, la derivada del recurso de apelación instado por el representante social contra el no libramiento de la orden de captura o el auto de libertad por falta de elementos para procesar, y la que llegara a dictarse en el juicio de amparo indirecto promovido en su contra; de ahí que deba concederse la protección constitucional para el efecto de que la Sala responsable ordene al Juez de la causa que notifique a la víctima el contenido de esas determinaciones y esté en posibilidad de interponer el recurso de apelación referido. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.