RECURSO DE QUEJA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SU INTERPOSICIÓN NO IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS CIVILES AL HABER ADQUIRIDO LA CALIDAD DE COSA JUZGADA Y NO EXISTIR DISPOSICIÓN LEGAL O CONVENCIONAL QUE ORDENE QUE SE SUSPENDA.

El artículo 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que las sentencias de segunda instancia causan ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada, cuando aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan confirmarse, modificarse o revocarse, sin considerar la posibilidad de que pierdan esa calidad cuando se presente un medio extraordinario de defensa en su contra, como es el juicio de amparo. En este contexto, la sentencia es ejecutable aun cuando en contra de ella se interponga un medio de defensa extraordinario en el ámbito del derecho internacional, como el recurso de queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al no tener por efecto que desaparezca la autoridad de cosa juzgada, ya que no se prevé en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, en los códigos procedimentales, ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establezcan la suspensión de la ejecución de la sentencia definitiva hasta en tanto se resuelva la queja ante la comisión citada. Por lo que, la posibilidad de interponer dicho recurso no tiene el efecto de provocar que las sentencias en los juicios civiles alcancen la categoría de cosa juzgada, que adquieren cuando la Sala responsable confirma el fallo de primer grado, toda vez que el hecho de que esté pendiente de resolución un medio extraordinario de defensa como lo es el recurso de queja ante ese organismo internacional, no impide que se resuelva la ejecución de la sentencia, ya que ésta sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado la cual está prevista en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.