DERECHO A LA JUSTA INDEMNIZACIÓN. EL ESTADO TIENE LA CARGA DE ARGUMENTAR Y PROBAR QUE CUMPLIR CON EL PAGO DE UNA CONDENA PUEDE AFECTAR A LA CIUDADANÍA.

Cuando la entidad gubernamental aduzca cuestiones presupuestales como impedimento para cumplir con una obligación surgida por la comisión de un hecho ilícito, le corresponde acreditar dichas cuestiones y justificar su relación con el caso concreto, máxime cuando, en términos estrictamente normativos, no resulte evidente la existencia de alguna razón jurídica que respalde dicha posición. Por tanto, esa carga comprende el deber de especificar qué servicios públicos se pondrían en riesgo y la razón por la cual el monto para el pago de la indemnización tendría que obtenerse precisamente de esas partidas presupuestales. En caso de incumplir con la carga antes descrita, los argumentos del Estado resultarán inoperantes, pues se asumirán como surgidos de hipotéticas afectaciones a la ciudadanía. PRIMERA SALA