SERVIDUMBRE VOLUNTARIA A FAVOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS EN SU MODALIDAD DE GASODUCTO Y/O POLIDUCTO. EL EJIDATARIO EN LO INDIVIDUAL CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA PARA DEMANDAR SU NULIDAD O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE, SI LA ASIGNACIÓN DE DERECHOS AGRARIOS SE REALIZÓ CON POSTERIORIDAD A LA CONSTITUCIÓN DE AQUÉLLA.

Dentro de un juicio agrario, los ejidatarios, como poseedores y titulares de parcelas afectadas por una servidumbre voluntaria en su modalidad de gasoducto y/o poliducto, están legitimados para demandar la nulidad del contrato que la constituyó y, por ende, el consecuente pago de la indemnización procedente, siempre que, en términos de los artículos 47, fracción X, 52, 61 y 75 de la Ley Federal de Reforma Agraria derogada, o bien, 14, 56, fracción III, 62 y 76 de la Ley Agraria, acrediten la asignación previa del derecho individual afectado por el área de influencia de los ductos, ya que, de lo contrario, no pueden circunscribir válidamente sus derechos ejidales a una parte de las tierras de exclusiva propiedad del núcleo de población respectivo y, por tanto, tampoco reclamar el pago de indemnización alguna, porque en ese supuesto, se trata del titular de una cuota ideal, pro indivisa e indeterminada. Máxime que, en todo caso, en términos de los artículos 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y 3o., fracción I, 4o., 37 y 38 de su Reglamento, vigentes en 1986 y 1991, cuando se ejecutaron las obras relativas al gasoducto Salamanca-León-Aguascalientes, así como al poliducto Tula-Salamanca, en aras de transportar productos relacionados con la industria petrolera estatal, Petróleos Mexicanos tenía a su alcance la figura de la expropiación, o bien, la posibilidad de suscribir los convenios de ocupación motivados por esa causa específica de utilidad pública, a reserva de que dichos actos jurídicos fueran suscritos con los propietarios y/o poseedores de los terrenos conducentes, lo cual, desde luego, incluye tierras sujetas al régimen ejidal o comunal. Esto último, además, en el entendido de que en ninguno de esos escenarios es jurídicamente factible demandar la nulidad del gravamen ni la restitución de las tierras afectadas, porque sería material y jurídicamente imposible colocar el interés de un ejidatario por encima de la causa de utilidad pública relativa. Lógicamente, si la constitución de la carga en cuestión tuvo verificativo con antelación a la asignación de derechos agrarios, la parcelación posterior debe entenderse realizada con la afectación relativa, lo cual, por sí, no da lugar a reclamar el nuevo pago de la indemnización conducente, si en su momento ésta ya había sido cubierta a favor del núcleo de población como propietario de las tierras ejidales de uso común, siendo que, de estimarse lo opuesto, sería tanto como aceptar que ante cada transmisión de derechos renace la posibilidad de reclamar el pago de los perjuicios ocasionados por un gravamen previamente constituido. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.